Niega que el plan de ajuste lleve consigo una subida generalizada del IBI y recuerda a los nacionalistas que el expediente se arrastra desde hace 15 años cuando el BNG era el responsable de negociar con Urbaser
Aunque salió adelante con los votos a favor del PP y del PSdeG, el grupo municipal del BNG de Marín se mostró en el pleno de ayer en contra de la adhesión del Concello al Fondo de Financiación de Entidades Local que permite el pago fraccionado de la deuda de más de dos millones que el Concello tiene con Urbaser a través de un Plan de ajuste para no hipotecar la economía municipal por este motivo. Pero su crítica ha ido más allá. Esta mañana mediante un comunicado los nacionalistas han pedido la dimisión del concelleiro de Facenda, Manuel Santos, y la depuración de responsabilidades por parte de la alcaldesa, María Ramallo, y de la edil de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, por «gestionar mal las negociaciones con la empresa adjudicataria de la recogida de la basura». Pero no sólo esto, advertían de que para pagar este dinero tenían previsto una subida de IBI.
Una intención que han negado tajantemente desde el gobierno de Marín en otra nota enviada a primera hora de la tarde. «El plan de ajuste solo contempla la equiparación del IBI y del IAE a las empresas de Puerto con el índice que abonan en Pontevedra», aclaran al BNG al que piden «seriedad» y que «no falte a la verdad».
Ha recordado el ejecutivo que dirige Ramallo al grupo nacionalista que el expediente «tiene su origen hace 15 años» y que la petición de dimisión demuestra la “ignorancia o dejadez” de la formación que dirige Lucía Santos como portavoz puesto que «el actual equipo de gobierno sólo lleva gestionando esta problemática durante los últimos cinco años» porque «los 10 anteriores el responsable del área de gobierno era el propio BNG». «Las argumentaciones del Bloque Nacionalista Galego faltan a la verdad y dejan entrever un escaso análisis de los hechos relativos la este procedimiento judicial», opinan desde el ejecutivo local.
Seguidamente, hacen alusión a una Junta de Portavoces celebrada en 2017 en la que todos los grupos de la corporación, incluido el BNG, acordaron continuar con la reclamación a la empresa. Gracias a las negociaciones del gobierno local con la empresa, que se extendieron hasta el 2019, se consiguió reducir la deuda en medio millón de euros.