Pese a que lo intentó votando en contra de la urgencia, el tripartito no consiguió frenar el debate. Los votos del PP permitieron tratar un asunto que afecta a todos los vecinos de Cangas, Moaña y Bueu
Los votos a favor de PP y Alternativa dos Veciños (AV) permitieron aprobar la moción que el partido de la ex alcaldesa, Victoria Portas, presentó por urgencia pidiendo la suspensión inmediata del plazo de tramitación definitiva de la Ordenanza Reguladora del Servicio de la basura hasta que se realice una campaña informativa real y accesible en todas las parroquias del municipio. Fue esta formación quien descubrió que la Mancomunidade había elaborado una ordenanza sancionadora ya en el verano de 2025 de la que no había informado y, lo peor, la había aprobado en Xunta de Goberno este mes de marzo sin dar cuenta de ello ni en los medios de comunicación ni tampoco a los miembros de la asamblea.
Portas lo destapó al encontrarse con el anuncio en el BOPPO hace solo unos días. Por este motivo, AV decidió que este hallazgo, dada su afección a los ciudadanos, debía de tratarse en el órgano municipal más importante y de mayor representación política como es el pleno. Lo hizo de urgencia, algo que no gustó demasiado al BNG (el PSdeG no abrió la boca en esta sesión) y que el propio portavoz de la formación nacionalista, Antón Iglesias, intentó desacreditar no solo verbalmente y sino también con los votos en contra de su propia formación y de sus socios del PSdeG e IU. Sin embargo, sí contó con el apoyo del PP, lo que permitió sortear el primer escollo y que esta moción pudiese ser debatida pese a las reticencias del tripartito.
«Se ha hecho a escondidas», sentenció Victoria Portas en su intervención, «y esto es lo que más nos molesta». Pero, además, la exregidora pone el foco en el procedimiento. Afirma que el Estatuto de la Mancomunidade impide su aprobación mediante Xunta de Goberno y obliga a hacerlo en asamblea, como se hizo con la otra ordenanza polémica, la fiscal. «Lo pone claro, la competencia exclusiva para aprobarla la tiene la asamblea y lo que hicieron es sacarse de la manga el informe de los técnicos», refirió con dureza en su último tuno de palabra.
UN PRIMER AVISO
AV también considera que en lugar de contar con un régimen sancionador tan severo, con multas de hasta 2.000 euros «por retrasarse 10 minutos en tirar la basura», la ordenanza reguladora debe de tener una función «pedagógica» e incorporar la figura del «apercibimiento» previo antes de la imposición de sanciones y exigir que la Mancomunidade garantice la igualdad en el acceso al servicio.
Alternativa detecta «contradicciones» entre la norma fiscal y sancionadora, que obliga a compostar. Así, solicitó la realización de una auditoría de coherencia normativa para garantizar que las obligaciones técnicas impuestas en la Ordenanza de Servicio no entren en contradicción con los incentivos y descuentos recogidos en la Ordenanza Fiscal vigente, modificar el Título IV (Régimen Sancionador).
A estos cuatro puntos se añadió un quinto a sugerencia del grupo del Partido Popular, solicitar la celebración de una asamblea pública de la Mancomunidade en la que poder debatir sobre esta nueva normativa en exposición pública desde el 1 de abril, pero de la que el ente supramunicipal no informó en ningún momento ni a los colectivos ni a la oposición, como también recalcó Portas.
El tripartito BNG, PSdeG e IU, sin embargo, manifestó su voto contrario sin aclarar ninguna de las dudas razonables que la oposición dejó sobre la mesa y que podrían complicar el futuro de esta ordenanza, que se fraguó con la alcaldesa de Cangas como presidenta de la Mancomunidade en el verano de 2025 y aprobada en marzo de este año por el gobierno del ente supramunicipal conformado por estas tres formaciones.