Hoy 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los socialistas de Moaña recuerdan a todas las personas trabajadoras que han fallecido o se han lesionado como consecuencia de la realización de su trabajo. «Es un día de conmemoración en memoria de las víctimas, para trasladar nuestro apoyo y solidaridad a las familias de todos y todas aquellas trabajadoras que como consecuencia de unas condiciones de trabajo inseguras e insalubres han visto mermada su salud», explican.
Durante 2020 se produjeron en nuestro país 1.004.344 accidentes de trabajo, en los que 708 personas trabajadoras perdieron la vida. Cada día, 2.752 personas sufrieron un accidente laboral en España y 2 fallecieron como consecuencia de su trabajo. Se han notificado 9.858 casos de contagio por COVID-19, de los cuales 21 han sido mortales, 9811 leves y 26 graves, tan sólo en el sector sanitario/sociosanitario, ya que para el resto de personas trabajadoras no se contempla como tal.
En cuanto a las enfermedades profesionales, tan sólo se declararon en 2020 un total de 18.542, lo que confirma la falta de notificación y declaración de las mismas. Los cánceres de origen profesional, las enfermedades musculoesqueléticas o las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, como el estrés, siguen sin tener un espacio claro en el ámbito preventivo. Ante esta situación es el momento de resaltar el papel fundamental de las políticas públicas. Urge incorporar en el debate político reflexiones sobre la necesidad de potenciar los servicios públicos y un sistema público de seguridad y salud.
La necesidad de reforzar los servicios públicos ha quedado de manifiesto a lo largo de la pandemia; personal sanitario y de servicios esenciales han demostrado que el estado de bienestar está muy relacionado con la fortaleza de los mismos. Ahora, más que nunca, cobra gran importancia el desarrollo de políticas públicas equilibradas que inviertan en nuestros servicios públicos. Se trataría de incentivar una protección adecuada para todas las personas trabajadoras que ya sufrían las consecuencias de los riesgos laborales antes de la pandemia y que trabajaban en condiciones inaceptables, y ahora inmersos en la misma continúan padeciéndolos, incluso de forma más grave por la mayor desigualdad que se está generando y la mayor precariedad, producida por las nuevas formas de organizar el trabajo.
La presión, el miedo a la inseguridad, los expedientes de regulación de empleo, los ajustes de plantilla, las reestructuraciones, la subcontratación y por tanto la externalización de los riesgos; el incremento de los trabajadores autónomos y los autónomos dependientes, el importante crecimiento de la pequeña y mediana empresa, la salud pública, son cuestiones que deben ser objeto de una atención específica en materia preventiva.
Los socialistas, dicen, «tenemos el objetivo de recuperar y humanizar el concepto de trabajo decente, digno, el derecho al trabajo como valor social básico constitucional. El empleo de calidad, unos servicios públicos fuertes, la erradicación de la pobreza, promover el trabajo decente y orientar los sistemas industriales y de transporte, y el consumo, hacia modelos sostenibles, es nuestro objetivo. Las personas trabajadoras merecen una sociedad justa en la que no existan riesgos ni discriminaciones».