El 44 por ciento de la factura la consumen dos fincas, una ubicada en la parroquia de Tirán, y la otra en Domaio. Por el contrario, el resto son parcelas de menos de una décima de hectárea
El Concello de Moaña afronta un desembolso provisional de 43.440 euros si los dueños de 32 parcelas sin desbrozar o especies arbóreas prohibidas no actúan en los próximos 15 días. Así se desprende del anuncio firmado por la alcaldesa, Leticia Santos, que fija la liquidación provisional de los trabajos a razón de 3.545,82 euros por hectárea. El importe lo suman las 36 referencias catastrales del anuncio, que corresponden a 26 expedientes.
Si vence el plazo sin que nadie se identifique y limpie, el concello ejecutará los trabajos de forma subsidiaria, es decir, los hará por su cuenta. La ley prevé repercutir el coste a los propietarios, con cobro inmediato en caso de persistencia y una liquidación definitiva una vez terminados los desbroces. Sin embargo, el propio anuncio admite que no sabe quiénes son los titulares: en todos los expedientes figuran como «en investigación».
Dos, el 44 % de la factura.
El gasto está muy concentrado. Una parcela de 3,43 hectáreas en Tirán supone 12.170 euros, y otra de casi dos hectáreas en Domaio, 7.040. Entre ambas suman 19.210 euros, el 44 % del total. En el otro extremo, 20 de los 36 registros son parcelas de menos de una décima de hectárea, con costes de entre 2 y 328 euros: la mayoría de las actuaciones serán pequeñas, pero dispersas por cinco parroquias: Moaña-Virxe do Carme, Moaña-San Martiño, Domaio, Tirán y Meira.
El coste medio ronda los 1.670 euros por expediente, aunque con enormes diferencias. El anuncio permite al concello entrar en las fincas sin autorización del dueño, salvo en espacios que puedan considerarse domicilio, y decomisar la madera de las especies prohibidas que retire, lo que podría compensar en parte el gasto, aunque el documento no cuantifica ese posible ingreso.
Si los propietarios aparecen y pagan, el impacto en las arcas municipales será mínimo. Si no, el concello tendrá que adelantar el dinero y confiar en recuperarlo después. También se abriría el procedimiento sancionador, con multas de hasta 1.000 euros por infracción leve y hasta 100.000 por grave.