Martínez Allegue sí avanza contactos con Bueu para la cesión de terreno municipal para la construcción de vivienda pública
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas descarta la parcela de titularidad municipal que el Concello de Moaña ofreció al departamento que dirige María Martínez Allegue en la última reunión en Vigo como posible emplazamiento para la construcción de vivienda social en la parroquia de Tirán. La idea, en caso de que el terreno reuniese las características para acoger este tipo de edificación, era cederla gratuitamente a la Xunta para que la administración autonómica se encargase de levantar alojamientos para las familias más vulnerables. “Moaña no dispone de suelo urbano en estos momentos en condiciones que sean óptimas para construir viviendas públicas, están analizando otras opciones y los contactos siguen abiertos”, expresaba Martínez Allegue en una visita a Marín.
Sobre la posibilidad de colaborar o cofinanciar el proyecto que el Concello de Moaña tiene redactado para la parcela de Sisalde, frente al nuevo centro de salud, y en cuyo bajo se construirá el auditorio municipal, la mandataria autonómica tampoco consideró viable esta opción. “El uso cultural con el uso residencial no es factible”,
La misma intención que existe con la parcela por la que ha mostrado interés esta consellería propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y a la que ha reclamado en varias ocasiones llegar a la “figura jurídica que estimen conveniente” sobre la que poder levantar vivienda pública, como podría ser en propiedad o mediante cesión gratuita. Se trata del solar de Cangas situado a pocos metros de la playa de Rodeira, en la Avenida de Ourense. “Si tuviéramos ese suelo ya, ahora tendríamos viviendas en construcción”, aclaraba.
En Bueu, sin embargo, las conversaciones entre el alcalde, Félix Juncal, y la Consellería podrían ir por buen puerto. La conselleira avanzó que “se está analizando la posibilidad” de que este Concello, con terrenos municipales, pueda ceder suelo urbano a la administración autonómica para levantar vivienda pública.