La Valedora do Pobo ha admitido a trámite una queja presentada por el PP de Cangas y ha concedido un plazo de 15 días al Gobierno local para que remita un informe detallado sobre las denuncias relacionadas con una supuesta ocultación de información pública. Según el PP, la institución autonómica considera que la reclamación reúne los requisitos necesarios y cuenta con amparo constitucional, al referirse al acceso a documentación e información de carácter público. La formación popular sostiene que el Ejecutivo municipal, integrado por BNG, PSOE y EU, ha bloqueado el acceso a expedientes considerados relevantes para la labor de control de la oposición.
La resolución de admisión supone que el tripartito deberá justificar en el plazo establecido las razones por las que, según denuncia el PP, se ha negado o dificultado el acceso a documentación relacionada con asuntos de interés municipal, entre ellos expedientes vinculados a la piscina municipal y a la concesionaria del servicio de agua.
Desde el PP valoran la decisión de la Valedora como un respaldo a sus denuncias. La portavoz popular, Dolores Hermelo, afirmó que la actuación de la institución constituye “una llamada a la transparencia” y un recordatorio de la obligación de las administraciones públicas de facilitar el acceso a la información, subrayando que acudir a la Valedora no fue un capricho, sino la consecuencia directa del “abuso absoluto” de la alcaldesa nacionalista, Araceli Gestido, que sistemáticamente rechaza responder a las peticiones de información que deberían ser atendidas en tiempo y forma conforme a la Ley.
La dirigente popular recordó que el BNG siempre tuvo fama de oscurantista, pero advirtió que el Concello no es la Asamblea Nacionalista: “El Concello es la casa de todos y todas, la Alcaldesa debe servir a los intereses de Cangas, no a otros”. Asimismo, reiteró que Cangas no es el ‘cortello’ particular de nadie y que tuvo que recurrir a la Valedora para obligarles a cumplir la ley.
Hermelo también denunció en el último Pleno el bloqueo deliberado de expedientes urgentes y llenos de irregularidades, como el mantenimiento en precario de la piscina municipal, con un contrato caducado hace 7 años e ignorando al Interventor, los presuntos fraccionamientos en contratos menores, o la negativa a mostrar los requerimientos a la empresa del agua, que sigue destrozando las calles de Cangas con pegotes de cemento ante la complicidad del gobierno.