El Tribunal suspende el proceso de licitación mientras resuelve el recurso presentado contra los pliegos, que denuncian irregularidades en la amortización de plazas públicas de limpiadoras
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TacGal) ha acordado la suspensión cautelar del procedimiento de contratación del servicio de limpieza del CPI y del Centro de Salud de O Toural, impulsado por el gobierno local de César Poza en el Concello de Vilaboa. La decisión llega tras el recurso presentado por el grupo municipal del Partido Popular, que denunció presuntas irregularidades en el proceso.
Según ha explicado el PP de Vilaboa, liderado por Alberto Acuña, el tribunal ha apreciado que concurren las circunstancias necesarias para frenar la licitación mientras analiza el fondo del recurso. En la práctica, esto significa que el Concello no podrá continuar con la adjudicación del contrato hasta que se resuelva de forma definitiva sobre la legalidad de los pliegos, aunque el plazo de presentación de ofertas se mantiene abierto por el momento.
Dudas sobre la insuficiencia de personal
El recurso presentado por los populares cuestiona varios aspectos del expediente. En primer lugar, sostiene que no existía una insuficiencia real de medios propios que justificase la externalización, ya que las dos plazas de limpiador cuya amortización se esgrimió como argumento aún no habían sido suprimidas de forma definitiva en el momento de licitar el contrato. La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, señalan, solo contaba con aprobación inicial, por lo que dichas plazas seguían vigentes.
El escrito también apunta a una contradicción en la actuación del gobierno local: mientras defiende que estas tareas no deben prestarse con personal propio y amortiza plazas públicas, al mismo tiempo licita un contrato superior a los 118.000 euros para que una empresa privada preste exactamente el mismo servicio, lo que, a juicio del PP, evidencia que el servicio no desaparece sino que se sustituye empleo público por gestión externalizada.
A esto se suman, según el recurso, posibles deficiencias en la información sobre la subrogación del personal, al no incluir los pliegos un desglose suficiente de los costes laborales, lo que podría afectar a la igualdad de trato entre las empresas licitadoras y al principio de transparencia.
Reacción del PP
El portavoz municipal, Alberto Acuña, ha calificado la resolución del TacGal como un importante revés para el gobierno local, al quedar paralizada una contratación que ya había generado debate político y sindical por la amortización de plazas de limpieza. El TacGal, cabe precisar, no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del asunto, aunque sí ha considerado procedente adoptar la medida cautelar solicitada.
Desde el PP de Vilaboa han insistido en que la resolución pone de relieve la necesidad de actuar con rigor jurídico en los procesos de reorganización de servicios públicos, y han anunciado que continuarán reclamando una gestión transparente que garantice tanto los intereses del Ayuntamiento como los derechos de los trabajadores y de los vecinos del municipio.