El grupo municipal del PP de Moaña anunció en el pleno celebrado ayer su intención de acudir a la Fiscalía para denunciar una serie de presuntas irregularidades detectadas en diversos expedientes de contratación del Concello, principalmente vinculados a las áreas de Cultura e Turismo.
La formación popular defendió una moción en la que sostiene que existen indicios de un patrón repetido en varios contratos menores tramitados durante los últimos años y aseguró que continúa recopilando documentación para remitirla a las autoridades competentes. Según expuso el PP, serán la Fiscalía y, en su caso, los órganos judiciales quienes deberán determinar si los hechos denunciados constituyen únicamente irregularidades administrativas o si pudieran derivarse responsabilidades penales.
Durante el debate plenario, los populares señalaron varios expedientes recogidos en actas de la junta de gobierno local de los años 2023, 2024 y 2025. Según su versión, en estos procedimientos se habrían presentado ofertas vinculadas a una misma persona física y a empresas relacionadas entre sí, resultando adjudicataria una de ellas. El PP considera que esta práctica podría vulnerar los principios de libre concurrencia y competencia que rigen la contratación pública.
En concreto, el principal partido de la oposición citó contratos por importes de 3.872, 4.834 y 6.352 euros, respectivamente, y sostuvo que existen más casos reflejados en documentación municipal que también deberían ser analizados. Asimismo, afirmó que algunas de las contrataciones beneficiarían a personas vinculadas familiarmente entre sí. «Estamos ante un incumplimiento de la Ley de Contratación Pública», afirmó el portavoz popular, Alfonso Piñeiro, quien defendió que la gravedad de los hechos obliga al gobierno local a ofrecer explicaciones públicas de manera inmediata. Advirtió de que la investigación deberá aclarar si las actuaciones fueron correctas o si pudieron cometerse infracciones de mayor entidad.
La moción reclamaba además que la alcaldesa, Leticia Santos, exigiera explicaciones al exconcelleiro de Cultura, Daniel Costas, y a la actual responsable del área, Coral Ríos. En caso de no poder justificar las actuaciones cuestionadas, el PP solicitó su dimisión o cese. «Nuestra crítica es bien distinta de la que formula el PP, no venimos a hacer juicios paralelos, sino basada en la gestión política, pero entendemos que se está utilizando un asunto que si tiene relevancia política debería ir a los tribunales», expresó el líder del PSdeG, Mario Rodríguez.
Desde el gobierno municipal se rechazaron las acusaciones formuladas por la oposición y se defendió la legalidad de los procedimientos de contratación realizados por el Concello. «No es la primera vez que vienen a amenazarnos, si ustedes creen que hay alguna irregularidad, denuncien», instó la portavoz del BNG, María Ortega.
No obstante, el propio PP reconoció que corresponderá a las autoridades competentes analizar toda la documentación y determinar si existió alguna irregularidad administrativa o si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.