No era un tema del pleno pero, cuando se tocó, generó confusión. Por eso, el BNG de Cangas ha querido demostrar lo que dijo el pasado viernes, que la sentencia de la piscina de A Balea llegó después de que ellos salieran del gobierno local. Señalan que está fechada el 31 de mayo y que se registraría «días más tarde», estiman que «finales de junio o primeros de julio», por lo que acusan al alcalde cangués, Xosé Manuel Pazos, de «esquivar» la responsabilidad» para poner solución a la contratación del servicio en las instalaciones acuáticas.
En 2017 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda dictaminaba, después de que la empresa Eulen presentase una denuncia ante este órgano, que la mesa de contratación no había respetado la regla de valoración de los criterios subjetivos y, por tanto, quedaba anulada la licitación. Posteriormente, se recurrió al TSXG que habló en 2019 con la sentencia a la que se refieren los nacionalistas. Este «baile» de fechas y de dictámenes es lo que ha llevado al BNG a aclarar cuándo se recibieron los distintos fallos.
«El sr. Alcalde o no se entera o pretendió en el pleno esquivar la responsabilidad, esta sentencia se llevó a la Xunta de Gobierno de 14 de octubre del pasado año, con el nuevo gobierno local ya formado y en activo, desde entonces nada se hizo por arreglar la situación, estudios dicen, y más estudios, pero va casi un año», señala la portavoz nacionalista Mercedes Giráldez.
El BNG confía que «se pongan las pilas y busquen una solución porque con acciones y/u omisiones y mentiras para esquivar su responsabilidad no se arreglan los problemas».