Una usuaria, saludando al director xeral de Maiores durante una visita a Afamo en febrero.

Las trabajadoras de las residencias defienden la actuación de la Xunta tras la intervención de la residencia de Aldán por el refuerzo del personal en todos los turnos y por la mejora de la calidad y cantidad de la alimentación que reciben los residentes

La Federación Gallega de Asociaciones de Usuarias y Familiares de Usuarias de Residencias y de la Dependencia (REDE), presenta ante la Fiscalía Superior de Galicia una denuncia contra varios funcionarios de la Consellería de Política Social por, según manifiestan en el escrito, «denegación de auxilio, abandono, omisión de socorro con resultados de muertes y lesiones, todo realizado de forma dolosa y con prevaricación». Entre estos trabajadores de la actividad pública se encuentra el director xeral de Maiores y Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa Montenegro; el subdirector xeral de Autorización e Inspección de Servicios Sociais, Fernando González Abeijón; y la jefa del servicio de Inspección de Maiores e Discapacitados, Berta Besada.

Están convencidos de que estos organismos «tenían el deber de hacer cumplir con la legislación a las residencias, de inspeccionarlas, abrirles expedientes y sancionarlas y no lo hicieron, tenían el deber de proteger a los mayores y no lo hicieron», dejando así «desamparados» a los ancianos e «ignorando las solicitudes de auxilio de los familiares que recurrieron a ellos». Dicen que «fueron muchas las denuncias presentadas ante el Servicio de Inspección de Maiores e Discapacitados por descuido, abandono, maltrato institucional e incumplimiento de los ratios permitidos sin que nadie de la Consellería de Política Social actuase para corregir la situación» contribuyendo a que «las empresas se sintieran impunes».

Por todo ello, piden a la Fiscalía que «se investigue especialmente todo el proceder de la Dirección Xeneral de Maiores en los últimos años y su actuación durante este tiempo en las residencias que presentan casos de contagio entre residentes y/o trabajadores, y en algunos casos con varios fallecimientos». Además, le demandan que le solicite copia de todas las denuncias recibidas en el último año y medio y de todas las actuaciones derivadas de ellas.

Mejora de la asistencia según TreGa

Las Trabajadoras de las Residencias de Mayores de Galicia (TReGa) defienden la actuación de la Xunta tras la intervención de las residencias de mayores, como es el caso de la DomusVi Aldán. «A día de hoy el personal en la residencia de Aldán propiedad de DomusVi ha sido reforzado convenientemente, hay varios médicos en todos los turnos, limpiadoras en turno de
noche y las presencias de enfermeras y auxiliares de enfermería en cada turno han
aumentado considerablemente, muy por encima de las que había antes de la
intervención, ha mejorado la calidad y cantidad de la alimentación que reciben los
residentes», indican.

Por otro lado, afirman que «las carteleras de trabajo se han cambiado, con lo que las trabajadoras pueden disfrutar de sus descansos semanales de acuerdo con el convenio colectivo en vigor». Relatan que anteriormente trabajaban hasta 8 días continuados y el número de efectivos de atención directa para la correcta atención a los usuarios estaba por debajo de los mínimos exigidos para ese fin.

La directora de Bembrive, trasladada a Aldán

Desde TReGa informan de que en la residencia de Aldán, con un nuevo gerente nombrado por la Xunta tras su intervención, se encuentra también la directora de estas instalaciones y a este equipo se ha sumado también la responsable de la residencia de Bembrive, centro público gestionado también por DomusVi. En este sentido califican de «despropósito» que dada la situación actual «se deje una residencia pública sin la gestión de su directora para ser la encargada de orquestar una caza de brujas buscando culpables de las filtraciones a la prensa en lugar de realizar sus funciones» en Vigo.

Sobre esta cuestión, la Xunta asegura que esta directiva «se incorporó hace unos días en el marco del plan de refuerzo de personal» tras decidirlo así la empresa privada «y con independencia de la gestión pública por parte de la Xunta tras la intervención».

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