El tripartito de Cangas en día de la toma de posesión en junio de 2023.

Desde el pasado mes de junio, la gestión por parte del tripartito que gobierna Cangas del ciberataque informático que sufrió el Concello un mes antes ha estado en el foco de la oposición. Y ahora el PP quiere ir más allá y tras recopilar información ha decidido entregársela a la Fiscalía y pedirle que investigue si se cometió un delito, o varios. No les ha sido fácil, la colaboración del gobierno ha sido nula en lo que a respuestas a sus preguntas se refiere a lo largo de los meses y en el acceso a toda la documentación sobre esta cuestión que se guarda cautelosamente en el Concello. Finalmente, el principal partido de la oposición ha puesto en manos de este órgano judicial las «irregularidades» que ven para que sea él quien determine si el gobierno que salió de las urnas en mayo de 2023 actuó conforme a la legalidad.

¿Cuáles son esas irregularidades?

En el escrito trasladado a la Fiscalía los populares detallan que los «hechos expuestos revelan irregularidades en la contratación de los servicios a la empresa EVEL Técnicas y Sistemas S.L., la misma empresa que tiene adjudicado el servicio de mantenimiento informático en el Concello. Aseguran que a través de un procedimiento de emergencia se les adjudica el servicio y se les paga la totalidad del trabajo el mismo día de la aprobación del contrato pese a que este tenía una duración de tres meses. Se le abona la cantidad de 197.843,17 euros (IVA incluido). Los populares sospechan, basándose en un informe «confidencial» de EVEL que no está ni fechado ni firmado, que este dinero «parece haber sido el importe del pago del rescate abonado, tal vez, a través de un intermediario, la empresa adjudicataria (EVEL) disponiendo para ello de fondos públicos». Cabe destacar que esta firma «no es especializada en la materia de ciberataques como así se recoge en sus dos informes, uno previo a la contratación de emergencia y otro al final.

¿Qué dice el último informe?

En el documento «confidencial» de EVEL denominado “Informe de Recuperación tras ciberataque en Concello de Cangas” recoge que la adjudicataria del contrato «contactó con los ciberdelincuentes y llevó a cabo un proceso intenso de negociación de tres condiciones», aunque se desconocen. A continuación también detalla que «finalmente se aceptó el rescate y se pagó en criptomoneda», concretamente en «bitcoin». Sin embargo, no se hace referencia en este documento al importe del rescate. Tampoco aparece «o no se ha constatado», manifiestan, que estas actuaciones «correspondan al objeto del contrato y servicio adjudicado».

Más facturas a la misma empresa

Los populares también exponen que la misma empresa ha facturado posteriormente «por actuaciones que debieran estar incluidas en el servicio adjudicado» otros 248.415,04 euros a mayores de los 197.843,17 iniciales.

¿De dónde salió ese dinero?

No se sabe. Estas partidas, manifiesta el PP ante la Fiscalía, no están recogidas en los presupuestos. Además, no existe el informe final técnico que debería existir.

¿Cuándo ocurrió el ciberataque?

El pasado 17 y 18 de mayo de 2023 el sistema informático del Concello de Cangas do Morrazo, sufrió ataque en su red y equipos, por autores desconocidos; y por el que se encriptaron aplicaciones y bases de datos de dicho sistema bloqueando su operatividad. Para cuyo desencriptado y recuperación solicitan el pago de cierta cantidad. Los hechos fueron denunciados por la entonces alcaldesa, Victoria Portas Mariño, el 26 de mayo de 2023. En junio, una vez que el nuevo gobierno toma posesión, se llevaron a cabo las acciones que el PP pone en conocimiento de la Fiscalía.


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