La Xunta de Galicia financia el 70% mientras el Estado adeuda a Galicia 200 millones anuales correspondientes a la Ley de Dependencia ya que sólo está asumiendo el 30% del 50% del financiamiento que que le corresponde
El pasado viernes, 24 de noviembre, el Partido Popular llevó a Pleno una moción para que se procediera a la licitación, por parte del Concello, del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), llevado a cabo por la Empresa FEPAS y actualmente en situación de prórroga hasta mediados del 2024. Lamentablemente, y como ya es habitual entre los miembros del gobierno siempre que se habla de asumir responsabilidades, se dedicaron a «echar balones fuera» culpando a la Xunta de la falta de apoyo económico y de tener
que hacerse cargo, desde el Concello, de este servizo de forma exclusiva.
Pero la realidad es bien distinta. El 9 de junio de este mismo año, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba la actualización de la participación de la Xunta en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que se incrementa hasta los 12 euros/hora para ayudar a los ayuntamientos en la prestación de este servicio municipal. Esta subida en la aportación autonómica tiene efectos desde el pasado 1 de enero, de tal manera que los presupuestos de la Xunta para el 2023 adelantan en un año el acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en el año 2021, por el que el
Ejecutivo autonómico incrementaría la financiación de este servicio progresivamente durante la legislatura para llegar a los 12 euros/hora en el 2024, una cuantía que la Xunta ya aporta desde el pasado mes de enero.
El Gobierno gallego destina este año 112 millones de euros al SAF, un 10% más que el año pasado. Este refuerzo económico permite poner más horas a disposición de las entidades locales y aumentar la aportación a esta prestación que depende de los ayuntamientos. El Gobierno gallego financia el 70% de las políticas de la dependencia con las que se financia este servicio de competencia municipal entre otros, incrementando en un 24% la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar durante esta legislatura. Mientras tanto, el Gobierno central continúa sin cumplir la ley no aportando los fondos que marca para financiar estos servicios. Asunto que no fue una prioridad para el BNG ni para el PSOE en los pactos de investidura del 2019 ni del 2023.
En este momento son 26.000 personas las que se benefician de este servicio, con una dependencia reconocida y que permite ofrecerle a las personas mayores o con discapacidad, libertad para seguir viviendo en sus casas al tiempo que están atendidas. Galicia es, además, una de las pocas comunidades de todo el Estado que permite compaginar las ayudas del SAF con otras prestaciones que complementen su atención, ya que las personas que se benefician de este servicio pueden acudir a un centro de día o casa do maior, contar con el servicio de Teleasistencia y acudir también el programa de Coidados porta a porta, que lleva atención gratuita de podología, audiología y estimulación de la memoria por toda Galicia.
Lista de espera
Uno de los ejemplos de la mala gestión del servicio por parte del gobierno municipal liderado por la sra. Gestido es el hecho de que no se utilicen el 100% de las horas asignadas y financiadas por el gobierno gallego mientras hay decenas de personas en lista de espera para acceder a este servicio. Una vez las responsabilidades son de otros, en este caso de la empresa, que según alegan no encuentra personal suficiente para atender a más usuarios.
Con todo, le fue prorrogado el contrato hasta que se realice la futura licitación del servicio. Una licitación que en la última vez se tuvo que realizar tres veces por quedar dos veces desierta sin presentarse ninguna empresa. Una circunstancia que puso en peligro el funcionamiento del propio servicio y que
obligó a trabajar con la anterior empresa fuera de la prórroga establecida, es decir, sin contrato en vigor y mejorando fuera de los procedimientos administrativos ordinarios las condiciones económicas contractuales para mantenerlo en precario hasta formalizar el proceso de licitación del que saldría la nueva empresa concesionaria.