La Mancomunidade, tras un informe de Secretaría y las alegaciones, ha optado por blindar su seguridad jurídica
Pese a que ya hace algunas semanas que finalizó el período de alegaciones, no ha sido hasta ahora cuando la Mancomunidade do Morrazo se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho anunciando que someterá la nueva Ordenanza reguladora del servicio de gestión integral de residuos municipales a la aprobación de la asamblea xeral con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de su tramitación.
La decisión, explican en un comunicado, se adopta tras recibir un informe de la Secretaría de la entidad, solicitado una vez finalizado el periodo de exposición pública de la norma. Precisamente, desde formaciones como el PP de Cangas y AV habían presentado recurso poniendo en duda que el procedimiento fuese el correcto y pidiendo su anulación. Aunque el documento de la técnica no cuestiona la validez de la aprobación inicial realizada por la Xunta de Goberno, sí recomienda que el texto sea elevado a la asamblea xeral para eliminar cualquier duda interpretativa sobre el órgano competente para su aprobación y garantizar así la máxima solidez jurídica.
La ordenanza fue aprobada inicialmente en xunta de goberno, formada por los gobiernos de los municipios de Cangas, Bueu y Moaña, que ostenta actualmente la presidencia, siguiendo el criterio técnico existente en ese momento, apuntan desde el órgano supramunicipal, y posteriormente sometida a información pública durante 30 días hábiles. Durante este proceso se presentaron alegaciones y se mantuvieron reuniones con distintos colectivos afectados, lo que permitió, añaden, incorporar al texto diversas mejoras, entre ellas la adaptación de los horarios de aportación de residuos a las necesidades de los establecimientos hosteleros adheridos al sistema de recogida puerta a puerta de biorresiduos.
Tras analizar las alegaciones recibidas y el nuevo informe jurídico, los tres concellos han acordado seguir la recomendación de la Secretaría y trasladar la propuesta a la asamblea de la Mancomunidade, priorizando la seguridad jurídica y la estabilidad futura de la ordenanza. La propuesta será dictaminada previamente por la Comisión Especial de Contas antes de su elevación al máximo órgano de representación de la entidad supramunicipal
Desde la Mancomunidade subrayan que esta decisión no supone reiniciar la tramitación ni modificar el fondo de la ordenanza, sino reforzar las garantías legales del proceso. Los tres ayuntamientos integrantes consideran que la validación por parte de la asamblea xeral permitirá dotar a la norma de una mayor seguridad jurídica y facilitará la implantación del nuevo modelo de gestión de residuos con el máximo consenso institucional.