Se trata de tres faltas leves por incumplimiento del contrato que, sumadas, daría lugar a una grave y que tienen que ver con una plantilla inferior o con no terminar las rutas obligatorias diarias
La auditoría que desde el pasado mes de noviembre se puso en marcha por parte del Concello de Moaña a la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria, Urbaser, ya ha dado sus frutos. El informe realizado por la empresa Lagares Oca revela que durante los tres meses de vigilancia la empresa ha cometido tres faltas leves, aunque juntas suman una grave. Según el propio expediente, esto supondría un nivel de incumplimiento del contrato superior al 20 por ciento. Esta desobediencia tiene que ver con una plantilla inferior a la mínima pactada o con no terminar las rutas obligatorias diarias recogidas en el acuerdo por el que mensualmente cobra de las arcas municipales algo más de 23.000 euros.
Por el momento el Concello la primera consecuencia ha sido, a través de una resolución de Alcaldía fechada el 14 de agosto, la apertura de un expediente sancionador por «cumplimiento defectuoso del contrato» que podría terminar en una retención de entre el 5 y el 7 por ciento de la facturación mensual de Urbaser. La concelleira de Servizos, Marta Freire, asegura que la empresa ya ha sido notificada y que ya ha presentado una alegaciones que ya han sido resueltas por los técnicos municipales de los que destaca su «importante trabajo realizado» tras casi un año trabajando en esta cuestión.
Freire informó a la oposición del resultado de este seguimiento a la concesionaria en la comisión del pasado martes, donde también recriminó al PP que «su portavoz anunciase en prensa la realización de esta auditoría cuando todavía se estaba realizando y a pesar de que el Secretario advirtió de su confidencialidad». Hecho que, según la edil, se recoge en el propio informe de la empresa auditora.
En este sentido, Freire pidió «dejar el juego político» y los «discursos populistas» y se refirió a la moción presentada por los populares meses atrás pidiendo la resolución del contrato. De ella dijo «no tenía base jurídica como así quedó demostrado en la auditoría» y de haberse aprobado «sería el propio Concello de Moaña quien incumpliría los pliegos».