El departamento económico advierte en el informe relativo a las cuentas del Concello del pasado ejercicio que la gestión del tripartito raya el fraccionamiento de contrato
El Concello de Cangas arrastra una práctica sistemática de gasto por la vía de la contratación menor que, según describe el informe resumen de la función interventora correspondiente a 2025, presenta todos los síntomas de un fraccionamiento del gasto público para eludir los procedimientos de licitación exigidos por la ley. El documento, remitido a la Alcaldía para su traslado al Pleno y a la Intervención General del Estado, radiografía un año en el que se emitieron 416 informes de fiscalización, de los cuales casi la mitad, 191, incluyeron reparo, además de 36 informes por omisión de fiscalización previa.
Uno de los apartados más críticos del informe es el dedicado a la contratación menor, donde Intervención describe una «ausencia total de procedimiento» en numerosos casos: llegan al Concello facturas que documentan gastos que ni siquiera fueron objeto de propuesta previa o de retención de crédito previa. Para ilustrar la gravedad de esta praxis, el interventor recurre a un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que califica situaciones similares como contratación verbal, expresamente prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público, y que podría acarrear la nulidad de los actos administrativos afectados.
El informe también señala servicios y suministros que deberían tramitarse mediante expediente de contratación y que, sin embargo, se vienen prestando sin él, caso del mantenimiento de instalaciones, de maquinaria y vehículos, o del suministro de combustibles. A ello se suma otro fenómeno recurrente: contratos ya vencidos que las empresas siguen ejecutando mediante lo que Intervención denomina una suerte de «prórroga tácita», como ocurre con el servicio de ayuda en el hogar o la limpieza del mercado municipal.
El Concello cuenta desde 2020 con una instrucción interna para controlar las compras, que este año ha completado su quinto ejercicio de aplicación. Intervención reconoce su eficacia, pero lamenta que no se haya extendido a toda la contratación menor por las reticencias de los responsables de los distintos servicios municipales, y reclama potenciarla y dotar de más personal al departamento de contratación para frenar estas prácticas.
El informe atribuye buena parte del problema a la ausencia de una Relación de Postos de Traballo (RPT) y de una planificación real de las contrataciones, lo que a su juicio impide una programación adecuada del gasto y facilita que necesidades permanentes se cubran mediante compras sueltas y sucesivas en lugar de un contrato único sometido a concurrencia.
Ante este diagnóstico, Intervención reclama a la Alcaldía la aprobación de un plan de acción que incluya un reglamento de control interno, un calendario realista para la RPT, la redefinición de los procedimientos de contratación administrativa, el refuerzo del departamento de contración y la creación de una unidad específica de gestión de subvenciones, área en la que el informe también detecta pagos directos irregulares al margen de la concurrencia competitiva.
En numerosas entidades locales de España los informes de control interno anuales emitidos por las Intervenciones señalan como en Cangas, el abuso de la contratación menor. Es una realidad que pone de manifiesto que en buena parte de España los alcaldes y concejales incumplen la legislación habitualmente a sabiendas y advertidos de ello. Esto constituye un delito flagrante de prevaricación acompañado de otro de malversación de fondos públicos. Y la única forma de intentar revertir la situación es a través de la ineficaz vía judicial. Urge que el legislador ponga coto a estos desmanes potenciando la labor de los y las Interventores/as, estableciendo la imposibilidad de acceder a subvenciones y la retención de la participación en los tributos del Estado como hacen algunas Comunidades Autónomas y el Estado cuando no se presentan en plazo las Cuentas Generales anuales o se superan los plazos legales para el pago a proveedores, también cuando se acredita el abuso de la contratación menor o cuando se gasta más que se ingresa en dos o mas ejercicios.