Pintadas alrededor de todo el edificio de la plaza de abastos de Cangas.

Se trata de un varón mayor de edad y vecino de Cangas que fue sorprendido por los agentes cuando trataba de tapar con pintura negra los mensajes anteriores

La Policía Local de Cangas ha identificado a un varón residente en el municipio como presunto autor de numerosas pintadas realizadas en todo el perímetro de las paredes de la Plaza de Abastos, un monumento arquitectónico de principios de siglo XX construido gracias a la aportación económica de los vecinos. Aunque este varón no habría sido el autor inicial de los diseños, si fue cazado por los agentes posteriormente intentando borrar los mensajes con tinta negra. La mayoría de las alusiones están relacionadas con deudas provocadas por el tráfico de drogas.

Dada la importancia de los daños de este acto vandálico los agentes iniciaron una investigación que, afortunadamente, dio resultados.

El varón, mayor de edad, se enfrenta ahora a posibles responsabilidades tanto en el ámbito administrativo como en el penal, si bien los agentes están valorando en estos momentos los delitos concretos que podrían imputársele, entre los que podrían figurar daños y, en función del contenido de las pintadas, otros tipos penales aplicables.

Este caso no es un hecho aislado en el municipio. Cangas acumula desde hace tiempo pintadas en distintos puntos del casco urbano que el Concello no retira. Una muestra de ello son las que aparecieron a finales de 2025 contra Victoria Portas y Mariano Abalo, de Alternativa dos Veciños, en la nave de Iglesias situada en el ámbito de Ojea, y que permanecen visibles a día de hoy, mismo desde los grandes ventanales del consistorio cangués sin que el tripartito haya procedido a su limpieza.

El vandalismo supone un problema creciente para los concellos gallegos, que deben hacer frente a un gasto considerable para mantener el patrimonio y los espacios públicos en condiciones dignas. La limpieza y reparación de pintadas y desperfectos causados de forma intencionada recae habitualmente sobre las arcas municipales, lo que supone una carga económica que muchos concellos, especialmente los de menor tamaño, tienen dificultades para asumir. A ello se suma la dificultad de identificar a los autores y la sensación de impunidad que, según denuncian numerosos municipios, alimenta la reincidencia de este tipo de actos.

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