Interior de una de las viviendas de A Regueira okupadas propiedad de la Sareb.

Residen en uno de los tríplex desde la pandemia y, pese a que el exterior no parece el lugar más apropiado para vivir, por dentro han logrado convertirlo en hogar

A pesar de la ocupación irregular de varias construcciones en las tres hileras de edificios de A Regueira, los vecinos sostienen que en este asentamiento no existen problemas de delincuencia ni de tráfico de drogas. Una de las familias residentes asegura que, pese a vivir en condiciones muy precarias, la convivencia es tranquila e intentan mantener el orden y la limpieza en el entorno. Ellos tienen luz porque han instalado placas solares pero les falta otro servicio básico. “Aunque no tengamos agua, vamos a buscarla para limpiar, para fregar y para el váter”, explica el progenitor mientras permite a Atlántico conocer el estado del que considera su hogar desde la pandemia. Nada que ver con el aspecto exterior. Aunque residían en Vigo, la delicada situación económica que atravesaba le hacía inviable alquilar, así que se vio obligado a trasladarse a Cangas aferrándose a las palabras de un conocido que le expuso la posibilidad de alojarse en uno de estos tríplex.

Prefieren no identificarse por respeto a sus familiares, que desconocen su situación de okupa, pero insisten la falta de recursos económicos no está relacionada con la falta de educación o de higiene. La situación actual de su casa no es la que se encontraron al llegar, con todo el mobiliario destrozado y las paredes cubiertas de grafitis. Sus dotes manitas y sus ganas de residir en las mejores condiciones posibles, pese al deterioro de las infraestructuras y a la ausencia de servicios básicos. “Trabajamos descargando pescado y envasándolo pero si nos echan de aquí no tendría para pagar una casa legal”, advierte la pareja.

Esta familia afectada, a la que de momento no preocupa las conversaciones de la Sareb con los grupos políticos ni las futuras negociaciones con el Concello de Cangas, lamentan que el asentamiento sea asociado automáticamente a actividades ilegales. Por ello, reclaman que se escuche su situación y que se diferencie entre ocupación por necesidad y problemas de delincuencia que, aseguran, no existen en la zona.

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