Los populares consideran que «los números no dan» y reclaman transparencia del gobierno hacia los vecinos
El grupo municipal del PP de Moaña ha anunciado que impulsará un pleno extraordinario para solicitar la comparecencia del concelleiro de Urbanismo, Xosé Xoán Melón, así como del arquitecto municipal y del arquitecto técnico del Concello, con el fin de que ofrezcan explicaciones técnicas y legales sobre el proyecto de viviendas sociales de Sisalde. Los populares, que cuentan con la representatividad suficiente en la corporación para exigir esta sesión, formalizarán la solicitud la próxima semana.
El portavoz municipal, Alfonso Piñeiro, ha denunciado que «los números no dan», ya que, según el PXOM, el proyecto debería contar con 1.770 metros cuadrados de vivienda social, mientras que el plan actual solo contempla 1.220, lo que supone un déficit de 550 metros cuadrados, equivalente a seis pisos de 90 metros. Piñeiro reclama transparencia hacia los vecinos ante lo que considera una actitud «escurantista» por parte del gobierno de Leticia Santos.
En el pleno, el PP preguntará por el método de cálculo empleado para determinar la superficie de vivienda social y exigirá que se aclare si el proyecto cumple o no con la normativa vigente. Los populares han recordado que, aunque existe un informe de hace dos años elaborado por el entonces arquitecto municipal, ya jubilado, «las cifras no concuerdan», y que actualmente ningún técnico firmaría un informe de legalidad para un proyecto que, según denuncian, resta a los vecinos esos 550 metros cuadrados de vivienda social.
Piñeiro ha subrayado que no cuestionan la honorabilidad ni el buen hacer de los funcionarios, aunque ha advertido de que cualquiera puede cometer un error o pasar por alto algún detalle, motivo por el que el objetivo del pleno es que el concelleiro y los arquitectos avalen si las viviendas sociales pueden construirse con una superficie inferior a la recogida en el Plan Xeral. Además, ha revelado que el gobierno del Bloque ha negado por tercera vez la solicitud de un informe de legalidad del proyecto, algo que, a su juicio, resultaría contradictorio si, como sostiene la alcaldesa, todo cumple con la normativa.