Ayer tuvo lugar una junta de portavoces previa al pleno extraordinario que previsiblemente tendrá lugar este viernes para darle el visto bueno al Proyecto que permitirá la construcción de 300 viviendas públicas en A Rúa
La tramitación urbanística de los terrenos del Saíñas, en la zona de A Rúa, en Cangas, ha entrado en una fase decisiva marcada por la urgencia de la Xunta para comenzar a trabajar en el proceso administrativo previo a la construcción de 300 viviendas sociales en Cangas. El Ejecutivo autonómico considera imprescindible la aprobación por parte del pleno municipal para poder iniciar el desarrollo del PIA (Proyecto de Interés Autonómico), figura clave para poder levantar las edificaciones sobre suelo rústico no consolidado. Por este motivo, se acordó convocar sesión extraordinaria de urgencia previsiblemente este viernes a las 20:00 horas, aunque todo dependerá de si el gobierno local tiene redactado y consensuado los puntos de acuerdo a votar.
Sin embargo, el proceso no está exento de incertidumbre en el ámbito local. Ayer tuvo lugar una junta de portavoces en el Concello de Cangas previa a este pleno a la que los representantes de los distintos partidos acudieron con poca documentación sobre el asunto. Esta falta de información generó dudas en Alternativa dos Veciños (AV) sobre el contenido concreto del acuerdo que debe someterse a votación. De hecho, la propia alcaldesa, Araceli Gestido, reconocía a este periódico por la mañana que desconocía exactamente cuál era el punto de acuerdo que debía aprobar el pleno. Pues bien, según fuentes próximas a Vivenda, lo que debe aprobar Cangas es el apoyo a este PIA al plantearse dentro del término municipal.
En la actualidad, los terrenos (no afecta a viviendas) están clasificados como suelo rústico no consolidado, lo que limita cualquier actuación urbanística. Lo que significa que si en un futurible no se ejecutara el proyecto residencial planteado por la Xunta, estas parcelas continuarían siendo rústicas, cerrando la puerta a su desarrollo a corto plazo.
Desde la Xunta se insiste en que el acuerdo plenario es el punto de partida imprescindible para activar todo el procedimiento. Una vez se obtenga ese visto bueno municipal, será la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas la encargada de asumir íntegramente el proceso, incluyendo la expropiación directa de las parcelas afectadas. Este mecanismo permitiría disponer del suelo necesario para ejecutar el desarrollo sin depender de acuerdos individuales con los propietarios.
El Gobierno autonómico defiende que el PIA permitirá una tramitación más ágil y centralizada, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de vivienda en la zona y ordenar urbanísticamente el ámbito de A Rúa con las correspondientes infraestructuras y servicios.
El debate está en el terreno político municipal, donde el pleno deberá pronunciarse sobre una iniciativa que condiciona el futuro y el desarrollo urbanístico de Cangas. La decisión no solo determinará si se da luz verde a un proyecto estratégico impulsado por la Xunta sino que también decidirá si se dota de vivienda pública accesible a los vecinos en un mecado donde comprar o alquilar a largo plazo resulta tarea imposible y donde la falta de un PXOM genera inseguridad para propietarios e inversores.