- El edil de Medio Ambiente, Antón Iglesias, manifestó su desacuerdo en gastar el dinero en el estudio económico-financiero y lo calificó de poco «responsable», sin embargo tanto él como el resto de miembros del gobierno votaron a favor de la moción del PP que acabó aprobándose por unanimidad y cuyo recorrido dependerá ahora de que el tripartito cumpla con el acuerdo plenario
- La teniente de alcalde, Iria Malvido, acusó una vez más al PP de utilizar los vertidos como «maniobra política». «Viven en una contradicción», espetó la portavoz popular, Loli Hermelo, al gobierno.
- AV animó a abandonar el «quien la tiene más grande» para «empezar de cero» y «avanzar»
Cuando todavía permanece en la mente la sesión de diciembre que acabó como el rosario de la aurora, con el PP abandonando la sala y los marineros pancarta en mano. El de hoy, con carácter extraordinario y solicitado por el PP ante la falta de acción para frenar la decadencia de la red de saneamiento municipal y, en consecuencia, poner solución a los los vertidos, ha transcurrido con mucha más tranquilidad. Tanto en el público como también en las bancadas políticas. Estuvieron los marineros de la Cofradía de Cangas, que no desplegaron la pancarta y guardaron riguroso silencio. También los portavoces de los partidos de la corporación midieron más las formas. Las excusas por parte del gobierno, sin embargo, y los reproches desde la oposición, se mantuvieron intactos.
Con un único punto en la orden del día, el grupo municipal del PP reclamó al gobierno local que cumpla con las mociones presentadas por el principal partido de la oposición aprobadas en las sesiones de septiembre y de diciembre sobre el funcionamiento deficiente de la red de saneamiento. Pero, además la propuesta de los populares abrió el melón de la rescisión del contrato a la empresa gestora del Ciclo de Agua en Cangas, UTE Gestión Cangas. Instaron al ejecutivo que preside la nacionalista Araceli Gestido a «efectuar un estudio jurídico económico sobre el coste de la rescisión del contrato» con la UTE.
El gobierno: un argumento contrario al voto
Todos los partidos con representación votaron a favor, incluido los del gobierno, pero con un discurso un tanto contradictorio. La portavoz del PSdeG y concelleira de Obras y Servicios, Iria Malvido, acusó al PP de contar «falsedades» y, al igual que hizo en diciembre, de utilizar los vertidos como «maniobra política». Defendió que ya existe un informe similar de 2020 y sentenció que «al PP la contaminación de la Ría no le importa mucho, lo demostraron con los pellets». A continuación afirmó estar en «total acuerdo» con la moción.
Por su parte, su homólogo de Medio Ambiente y portavoz del BNG, Antón Iglesias, puso la venda antes de la herida e indició en la «dificultad» que supone demostrar que la UTE Gestión Cangas ha incumplido desde el inicio el contrato que firmó con el Concello en 2015 con José Enrique Sotelo aún en la Alcaldía. Iglesias también se mostró contrario a pagar por ese informe que podría ser la puerta de salida de la empresa. «No nos parece muy responsable y sería mejor gastarlo en otros servicios deficitarios», expresó inmediatamente antes de anunciar que el voto del gobierno sería favorable. «Viven en una contradicción. Si yo algo no lo veo responsable no voto a favor», le espetó la portavoz del grupo municipal popular en esta sesión extraordinaria, Dolores Hermelo, advirtiéndoles de que «la empresa no puede ser la asesora del Concello» y dejando en el aire «por qué» hace cuatro años no se acabó ejecutando esa rescisión. «Nosotros no gobernábamos en 2020 pero igual no interesaba, pregúntele a su compañera que sí estaba», sugirió la popular en relación a Aurora Prieto, actual concelleira del gobierno por IU.
La empresa tendrá que pagar la auditoría
Alternativa dos Veciños (AV), de la mano de Victoria Portas, recordó que desde 2015 que se firmó el contrato han pasado por el gobierno todos los colores políticos y animó a abandonar el «quien la tiene más grande» para «empezar de cero» y «avanzar» para que este pleno no sea uno más en el que se hable de saneamiento para después no materializarse de ninguna forma. «No hay nadie aquí sentado que pueda decir que no tuvo responsabilidades y lo ideal sería que lo asumamos», dijo Portas. También aclaró que este estudio económico no supone un gasto para las arcas públicas porque el contrato ya recoge que la empresa está obligada a asumir el coste de una auditoría con carácter anual.