Lo hace cuatro años más tarde, pero el Consello de Contas pega un tirón de orejas a la gestión del Concello de Cangas. En un informe emitido el pasado mes de enero, relativo a los años 2016-2019 refleja que en las arcas municipales «se observa una tendencia al incremento del gasto reparado» que representa entre el 45,36% y el 74,85% «en relación con las obligaciones reconocidas netas». Esto significa que a lo largo de estos cuatro años «en los informes de reparo emitidos por la Intervención municipal se ponen de manifiesto la existencia de posibles fraccionamientos de contratos en las facturas emitidas por distintos contratistas».
Se comprobó, dice el Consello, que en el ejercicio 2019 existen contratos menores de servicios de mantenimiento; trabajos de desbroce y poda de árboles; de suministros o de limpieza, que por su objeto tienen carácter recurrente y se van a repetir en años sucesivos. «Estos contratos se podrían considerar contrarios a derecho si el órgano de contratación en el momento de iniciar su tramitación tiene conocimiento cierto, o podría tenerlo si se aplican los principios de programación y buena gestión, de la necesidad de contratar esas prestaciones de forma continuada en el tiempo y cuyas características esenciales no pueden variar de manera sustancial”, refleja dicha memoria.
Pero no es el único documento de este órgano crítico con Cangas. Con fecha 11 de marzo de este año publicó un “Informe de fiscalización de los deberes de remisión de información de las entidades locales de Galicia y evaluación del entorno de control: control interno, contratos y convenios ejercicios 2019-2020”. En él se afea, concretamente en el artículo 217 del TRLRFL, que el gobierno del momento, encabezado por el fallecido Xosé Manuel Pazos, no remitiese la relación de contratos para el año 2029 y, además, que la aprobación de 165 expedientes en el ejercicio 2020, 24 más que el año anterior, se produjese por la Xunta de Gobierno local o, mismo por un concelleiro delegado, pese a que el primero es un órgano que carece de la competencia formal.
Durante 2023 el número de reparos suspensivos fue de 425, cuando en el 2022 habían sido 311. «Se pone de manifiesto que este gobierno gasta de forma irregular y no cumple con el establecido en las leyes», censuran desde el PP, que indica que en «el año 2023 más del 80% del gasto realizado por este Concello, unos 12,8 millones de euros, se hizo sin respetar la legalidad». Lamentan que hayan dedicado los nueve meses a «ponerse de acuerdo con sus sueldos» mientras «renuncian a solicitar subvenciones de otras administraciones de forma continua» y a «seguir en el camino iniciado por legislaturas anteriores de descontrol del gasto».