El tripartito de BNG, PSOE y EU votó en contra de actualizar el registro, vigente desde 2005, pese al respaldo mayoritario del Pleno el pasado 6 de abril
El PP de Cangas ha dado a conocer el severo reproche que la Intervención Municipal recoge en la memoria oficial de la Conta Xeral de 2025 respecto a la situación patrimonial del Concello. El órgano fiscalizador advierte de que la administración local carece de un inventario de bienes detallado y conciliado con la contabilidad, alertando textualmente de que los datos sobre inmovilizado que ofrecen los estados contables no resultan fiables para un patrimonio que supera los 66 millones de euros.
Desde la formación que lidera Dolores Hermelo destacan la gravedad añadida que recoge el propio informe técnico, donde se constata que el gobierno local siempre desestimó las advertencias sobre la necesidad de elaboración y mantenimiento adecuado de un inventario. El grupo mayoritario de la Corporación censura que el BNG, el PSOE y EU lleven años ignorando esta exigencia legal, mientras el último registro en vigor data de 2005 y acumula más de dos décadas de desfase, lo que impide un control real de las altas, bajas y cesiones de inmuebles, vías públicas y terrenos municipales.
Esta actitud de bloqueo quedó acreditada en el Pleno municipal del pasado 6 de abril de 2026. En aquella sesión, los populares sacaron adelante una moción para desbloquear y actualizar con urgencia el Inventario Municipal de Bienes gracias al respaldo de la mayoría de la corporación, con 11 votos a favor frente a 10 en contra.
El BNG y sus socios votaron en contra de la iniciativa popular, negándose a asumir un problema que perjudica directamente a los vecinos en sus solicitudes de licencia y en los lindes de caminos públicos. «Resulta inaudito que quien gobierna vote en contra de poner orden en el patrimonio de todos y prefiera mantener el Concello en la más absoluta opacidad administrativa», subrayan los populares.
Mandato plenario incumplido
Los acuerdos aprobados por el Pleno de la Corporación instaban al gobierno de Cangas a convocar en un plazo de 15 días una junta de portavoces con la empresa adjudicataria para coordinar los trabajos y fijar un cronograma, así como a remitir a los servicios técnicos todas las alegaciones acumuladas para su incorporación. Meses después, el ejecutivo mantiene estos acuerdos totalmente paralizados y sin ejecutar.
El PP recuerda que en el departamento de Urbanismo se acumulan montones de alegaciones vecinales con más de 15 años de antigüedad pendientes de resolución, junto a todas las cesiones urbanísticas tramitadas desde 2005. Al no estar los viales y parcelas correctamente inventariados, se generan graves trabas jurídicas que impiden calificar terrenos como edificables o defender las propiedades públicas.
«La Intervención confirmó lo que el PP lleva años denunciando: el tripartito ni hace su trabajo, ni escucha a los técnicos, ni cumple los acuerdos aprobados democráticamente por el Pleno», concluyen, a la vez que exigen la aplicación inmediata de los acuerdos plenarios.