15 de esos expedientes presentan causa e nulidad de pleno derecho. La formación critica el «enriquecimiento injusto» para sortear la legalidad
El Partido Popular de Cangas ha dado a conocer una nueva batería de datos oficiales de la Conta Xeral de 2025 que, según denuncia, revela la gravedad y el desorden en la contratación municipal bajo el gobierno del BNG y sus socios. Según los informes del órgano de control interno, se tramitaron a lo largo del pasado año 34 expedientes de omisión de la función interventora por un importe de 1.791.975,55 euros, correspondientes a servicios prestados sin contrato vigente ni concurso público en vigor. El PP subraya que no se trata de gastos puntuales, sino de una práctica continuada de prórrogas tácitas irregulares, equiparable según la propia Intervención y la doctrina jurídica a contrataciones verbales expresamente prohibidas por el artículo 37.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Entre los servicios afectados destaca el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que atiende a personas dependientes y factura más de 100.000 euros mensuales sin contrato ordinario vigente, arrastrando su situación por un primer intento de licitación fallido y un posterior recurso especial de la anterior adjudicataria. Aún más grave es el caso de la piscina municipal, con el contrato caducado desde el inicio del mandato anterior y aún sin renovar pese a advertencias técnicas y mociones presentadas. Otros servicios como la grúa municipal, el mantenimiento de ascensores en edificios públicos, la consultoría acústica o el tratamiento de residuos también habrían operado sin cobertura contractual.
La Intervención Municipal ha propuesto formalmente la revisión de oficio en 15 de estos expedientes por concurrir causa de nulidad de pleno derecho, al amparo del artículo 47 de la Ley 39/2015, advirtiendo de posibles responsabilidades administrativas y patrimoniales. Pese a ello, la Alcaldía habría firmado sistemáticamente resoluciones en apenas 24 o 48 horas para ordenar el pago de las facturas apelando al «enriquecimiento injusto», figura que el PP considera un mecanismo excepcional y no una fórmula habitual de gobierno.
«El BNG, PSOE y EU llevan casi 12 años gobernando y no pueden escudarse en excusas cuando es su propia desidia la que mantiene en precario los servicios más básicos de Cangas», concluye la formación, que reclama contratos legales, licitaciones en tiempo y forma y total transparencia.