Los populares atribuyen el cambio a sus alegaciones y AV sostiene que el procedimiento fue ilegal y debe reiniciarse desde el principio
El PP de Cangas y Alternativa dos Veciños (AV) reaccionaron este sábado al anuncio de la Mancomunidad do Morrazo de elevar la nueva ordenanza de residuos a la asamblea xeral para reforzar la seguridad jurídica de su tramitación, una decisión adoptada tras un informe de la Secretaría de la entidad.
La Mancomunidade sostiene que dicho informe no cuestiona la validez de la aprobación inicial realizada por la xunta de goberno, sino que recomienda someter el texto a la asamblea xeral para evitar controversias interpretativas sobre el órgano competente y dotar al procedimiento de la máxima solidez jurídica.
Sin embargo, tanto el PP como AV interpretan el cambio de criterio como una consecuencia directa de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública de la norma, aunque ambas formaciones difieren en el alcance de esa rectificación.
El PP de Cangas calificó la decisión como un “éxito democrático” y aseguró que el informe jurídico da la razón a quienes defendían que una ordenanza con efectos sobre la ciudadanía y con régimen sancionador debía ser debatida y aprobada por la asamblea xeral. La portavoz popular, Dolores Hermelo, acusó al gobierno de la Mancomunidade, integrado por BNG, PSOE y EU, de intentar sacar adelante el texto “por la puerta de atrás” y sin el debido control político. «Intentaron colar un régimen sancionador y un cambio de modelo de residuos por la puerta de atrás, en la xunta de goberno, de espaldas a los vecinos. Si el PP no llega a denunciar esta ilegalidad en sus alegaciones, el tripartito habría consumado un atropello democrático flagrante», denunció Hermelo.
Según los populares, si no se hubieran presentado alegaciones, la ordenanza habría continuado su tramitación sin pasar por el órgano plenario. El PP sostiene que la rectificación evidencia deficiencias en la gestión de la entidad supramunicipal y reclama ahora la apertura de un proceso de diálogo con colectivos vecinales, asociaciones, sectores afectados y fuerzas políticas para consensuar el contenido definitivo de la norma.
Alternativa dos Veciños (AV) fue más allá en su valoración y sostuvo que el informe de Secretaría confirma que el procedimiento seguido hasta ahora fue “ilegal”. La formación mantiene que la aprobación inicial por parte de la xunta de goberno vulneraba los estatutos de la Mancomunidade, que atribuyen a la asamblea xeral la aprobación de las ordenanzas. Su portavoz, Victoria Portas, afirmó que elevar ahora el texto a la asamblea no corrige las irregularidades denunciadas y advirtió de que la decisión anunciada por la Mancomunidade no puede servir para “lavar la cara” al procedimiento seguido hasta ahora. En este sentido, AV considera que no basta con someter la ordenanza al órgano plenario, sino que debe iniciarse de nuevo toda la tramitación desde el principio.
La formación reclama un reinicio íntegro del procedimiento, con una nueva fase de participación pública, debate político e información a la ciudadanía parroquia por parroquia. Asimismo, criticó que la Mancomunidade hiciera público el cambio de criterio antes de notificar formalmente la resolución a los grupos que habían presentado alegaciones.
AV insiste además en que sus discrepancias no son únicamente procedimentales, sino también de fondo. La formación considera que la ordenanza supone un “ataque directo al bolsillo y a los derechos de los vecinos” y cuestiona diversos aspectos de su contenido.
Entre las principales críticas figura el sistema de compostaje, que considera presentado como voluntario pero convertido en la práctica en obligatorio bajo amenaza de sanción; la viabilidad técnica de los controles previstos, algunos de ellos de hasta 48 inspecciones anuales; y la falta de medios materiales, al señalar que la comarca dispone únicamente de 42 contenedores marrones para una población superior a los 57.000 habitantes.
Asimismo, rechaza el régimen sancionador previsto en la ordenanza, que contempla multas de hasta 2.000 euros sin establecer mecanismos previos de advertencia o apercibimiento. A juicio de la formación, el modelo traslada a la ciudadanía obligaciones y riesgos sancionadores sin garantizar antes las infraestructuras necesarias para cumplirlas.
La Mancomunidade había informado previamente de que la ordenanza fue aprobada inicialmente por la xunta de goberno siguiendo el criterio técnico vigente en ese momento y sometida posteriormente a información pública durante 30 días hábiles. Durante ese periodo se presentaron alegaciones y se mantuvieron reuniones con colectivos afectados, incorporándose modificaciones al texto, entre ellas la adaptación de los horarios de aportación de residuos a las necesidades del sector hostelero adherido al sistema puerta a puerta de biorresiduos.
Tras analizar las alegaciones recibidas y el informe de Secretaría, los gobiernos de Bueu, Cangas y Moaña acordaron seguir la recomendación jurídica y elevar la propuesta a la asamblea xeral, previa aprobación por la Comisión Especial de Contas, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad futura de la ordenanza. Con toda seguridad, la normativa saldrá adelante de forma definitiva porque el gobierno de la Mancomunidade cuenta con mayoría en la asamblea.