El ente provincial lanza esta afirmación para tranquilizar a los vecinos de Cangas, Moaña y Bueu tras la presencia de inspectores en establecimientos comerciales, lo que generó alarma al personarse en un momento en el que la población se encuentra sensible por la subida de la tasa de la basura y las sanciones que recoge la nueva ordenanza reguladora aprobadas por la Mancomunidade
La presencia en las últimas semanas de inspectores de la Diputación en negocios y establecimientos d Cangas, Moaña y Bueu ha preocupado al sector del comercio y la hostelería al producirse las visitas en un momento de cierta sensibilidad al tocar el tema de la recogida y reciclaje de residuos. En muchos casos esta visita se recibió con temor, sobre todo cuando también está sobre la mesa de la Mancomunidade la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la gestión de residuos en la que se recogen multas desde los 300 a los 3,5 millones de euros cuando son muy graves.
Por este motivo, la Diputación quiere aclarar que sus inspectores no tienen potestad sancionadora, en ningún caso, y explican que la causa de este revuelo se debe a la confluencia en el tiempo de una campaña de información sobre separativa y de un estudios sobre la generación de residuos en la comarca. Una iniciativa promovida directamente por el ente provincial. En tercer lugar, que nada tiene que ver con lasiniciativas anteriores, también se ha actuado a instancia de la Mancomunidade sobre una empresa de la que no ha trascendido más información.
La Mancomunidade firmó un convenio con la Diputación en 2022, durante la etapa de Félix Juncal como presidente y el bipartito de Carmela Silva, precisamente para solicitar esta labor inspectora en la comarca durante un período de seis años, prorrogable por otros cuatro. Pero ni siquiera en este caso el personal provincial puede multar. Esta función recae sobre la Mancomunidade.