Sucedió en la mañana de este sábado en el vestuario de mujeres, donde varias planchas del falso techo se vinieron abajo. El PP acusa al tripartito de “negligencia temeraria”
La piscina municipal A Balea de Cangas lleva tiempo amenazando y este fin de semana ha ocurrido. En la mañana del sábado varias planchas del falso techo de los vestuarios femeninos se vinieron abajo de forma repentina, afortunadamente sin que produjesen daños personales. Sin embargo, esto ha reavivado el malestar entre los usuarios que llevan años reclamando al Concello que actúe de forma urgente para frenar el deterioro de las instalaciones, especialmente en los aseos, el gimnasio y las salas anexas. La humedad, las termitas y las goteras están destruyendo un edificio que ya podría estar reformado si el Concello hubiese culminado la licitación de las obras en las que la Diputación aporta una inyección económica de cerca de 250.000 euros a través del II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. El dinero está a disposición del Concello desde hace un año pero el gobierno local no para de dar largas a los usuarios, que ya reiteraron en pleno la gravedad de la situación.
La oposición es crítica con esta dejadez del tripartito. El Partido Popular de Cangas califica de «negligencia temeraria y crónica de un desastre anunciado» el colapso del techo de A Balea. Advierten de que la responsabilidad política de este suceso recae de forma directa y exclusiva sobre el Gobierno local del BNG y sus socios.
«Llevamos este mismo asunto a Pleno recientemente porque era algo que se veía venir. La instalación está en un estado de abandono absoluto. No hicieron absolutamente nada para evitarlo a pesar de nuestras continuas advertencias. Lo que pasó en los vestuarios es el resultado directo del nulo mantenimiento y de la desidia de un gobierno que puso en riesgo la integridad física de las personas usuarias», denuncian con dureza desde las filas populares.
Para el PP de Cangas, el derrumbe del techo es la metáfora perfecta de un modelo de gestión ruinoso e insostenible para las arcas públicas. Los populares pusieron el foco en las “nefastas” condiciones en las que opera la empresa gestora: “Estamos ante un negocio redondo para la concesionaria y una ruina para Cangas. La empresa (en situación alegal) cobra 30.000 euros al mes, vayan o no vayan usuarios, y no asume ninguno de los costos de funcionamiento ni de mantenimiento de la instalación. ¿De qué sirve hacer parches si después nadie mantiene el edificio adecuadamente?», se preguntan.