La denuncia fue presentada por los familiares de dos residentes, una de ellas fallecida por Covid-19 y la otra que consiguió volver a casa en el Estado de Alarma
El Juzgado de Instrucción de Cangas do Morrazo, cuyo juez titular es David Pérez Laya, ha admitido a trámite la querella que el 9 de junio presentaron las hijas de dos usuarias de DomusVi Aldán-Cangas, una de ellas fallecida oficialmente por Covid19. La querella está presentada contra la consejera delegada de DomusVi España, Josefina Fernández Miguélez y contra la directora del centro de Aldán, Laura Cancelo Álvarez, además de contra dos altos cargos de la administración autonómica. Se abren, por lo tanto, diligencias previas por presuntos delitos de homicidio, lesiones por imprudencia profesional, y abandono de discapacitados.
Las querellantes son dos familias. Una tuvo que rescatar a su madre después de 50 caídas en el centro, llevándosela para casa, una vez que la autoridad sanitaria dio el visto bueno en pleno Estado de Alarma. La otra familia ya no tuvo esa oportunidad, su madre falleció en la residencia, y entre sus descendientes se habla sin tapujos de “asesinato” o “invitación a morir”, eufemísticamente.
El juez llamará a declarar a las denunciantes, pedirá a DomusVi la entrega de los historiales médicos de las madres de las querellantes, y designará médico forense para que estudie los documentos y emita el informe pertinente, las tres circunstancias que determinarán al juez si decide abrir juicio oral formal o solicitar más diligencias o archivarlas definitivamente.
Se trata de la primera querella presentada en el tiempo por el despacho coruñés de abogados Pérez-Lema dentro del acuerdo alcanzado con la federación de familias REDE y sus asociaciones de familiares y usuarias vinculadas, en este caso Vellez Digna, fundada en 2017 en Cangas.