El talud del vial que conecta A Borna con O Latón, en Meira, bordeando la parte trasera del astillero de Rodman Polyships, ha vuelto a venirse abajo tras las lluvias de las últimas horas. El nuevo desprendimiento, que afortunadamente no alcanzó a ninguna persona ni vehículo, vuelve a poner sobre la mesa un problema que los vecinos consideran cada vez más preocupante y que se repite especialmente durante los episodios de precipitaciones.
La zona ya ha sufrido varios derrumbes en los últimos años. En noviembre de 2025, otro desprendimiento obligó a cortar completamente el vial al tráfico después de que tierra, barro, árboles y piedras procedentes del talud ocuparan la calzada. En aquella ocasión, desde el entorno vecinal ya se advertía de la ausencia de medidas de contención a lo largo del precipicio y del riesgo que suponían la caída de árboles de gran porte y rocas. El problema no se limita, por tanto, a un episodio puntual. El vial es utilizado habitualmente por numerosos vecinos para desplazarse entre A Borna y O Latón, tanto a pie como en coche, por lo que cada nuevo desprendimiento incrementa la preocupación ante la posibilidad de que una caída de tierra, árboles o piedras pueda acabar provocando daños personales. De hecho, en anteriores ocasiones los residentes ya habían expresado su temor a que el siguiente derrumbe tuviese consecuencias irreparables.
El conflicto entre el Concello y Rodman viene de atrás. El gobierno local sostiene que la empresa debe mantener el vial en condiciones de seguridad en virtud del acuerdo alcanzado en 1971 con el entonces propietario del astillero, mediante el cual se permitió el cierre del recinto industrial a cambio de mantener el camino en perfecto estado y con las medidas de seguridad necesarias. Rodman, por su parte, ha defendido en sus alegaciones que aquel acuerdo no reconocía el camino como una vía para vehículos, sino únicamente como un “paso de personas tolerado”. El Concello mantiene que se trata de un camino público municipal y que el acuerdo continúa vinculando al actual propietario.
La situación llevó al Concello a endurecer su posición el pasado año, después de que las comunicaciones y requerimientos previos no permitieran resolver el problema. El gobierno local advirtió a Rodman de que, si persistía en su inacción, se impondrían multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros cada trimestre, con la posibilidad de recurrir posteriormente a la ejecución subsidiaria a cargo de la empresa. La compañía recurrió aquel aviso, pero sus alegaciones fueron desestimadas.
El Concello volvió a requerir a Rodman la retirada inmediata de la tierra, barro y árboles y la limpieza del vial, además de exigir la reapertura del paso.