Técnicos municipales durante un pleno ordinario.

Al menos el Interventor y un técnico municipal conocedor de la informática en las instalaciones municipales fueron hace dos meses a prestar testimonio a Pontevedra

Desde que en febrero de este año el PP pusiera en manos de la Fiscalía toda la documentación sobre el ciberataque informático al Concello de Cangas para investigar si el gobierno local actual cometió delito alguno, nada más se supo al respecto. Tan solo que Alternativa dos Veciños (AV) se había sumado a la causa iniciada por los populares y que también podría haberlo hecho otro colectivo más del municipio. Pero sobre si el ministerio público había abierto diligencias, ni palabra. Hasta ahora, cuando ha trascendido que al menos dos trabajadores municipales del Concello fueron llamados a prestar declaración a Pontevedra hace unos dos meses, según ha podido confirmar Morrazo Noticias, que también ha sabido que podría existir cierta preocupación dentro del seno del BNG local y autonómico por la evolución judicial de este asunto.

El 17 y 18 de mayo de 2023 el sistema informático del Concello de Cangas sufrió un ataque en su red y equipos por autores desconocidos; y por el que se encriptaron aplicaciones y bases de datos de dicho sistema bloqueando su operatividad. Para cuyo desencriptado y recuperación solicitaron el pago de una cantidad económica que el anterior gobierno local comandado por Victoria Portas Mariño se negó a pagar, siguiendo así las indicaciones del CSIC. Una línea que debería haber seguido el gobierno entrante tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Con todo, y según explicó el PP en aquel momento, lo que hizo fue “al parecer, un estudio del alcance del daño y procedió mediante un decreto de alcaldía firmado por Araceli Gestido, a contratar a una empresa para el desencriptado de los datos y solucionar así la parálisis del Concello”. Lo hizo, manifestó la edil Dolores Hermelo, mediante un contrato administrativo con el objeto “Tramitación de emergencia. Servicios de auditoría de descifrado y recuperación de la información afectada por el ramsomware. “Lockbit 3.0” utilizando el procedimiento de emergencia. Contrato por valor total de 197.843,17 euros para una duración de tres meses. Sin embargo, desvelaron los populares, “este contrato fue pagado mediante una transferencia bancaria el mismo día que fue adjudicado”. Todo esto, expusieron, sin comparar presupuestos ni informes técnicos. Además, el tripartito trató de abonar a final de 2023 facturas de desencriptado por un importe de 102.9653,34 euros a la misma empresa.

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