La Mancomunidade aprobó ayer el texto con las alegaciones aceptadas ya incorporadas con los votos a favor de BNG, PSdeG e IU y en contra de PP y AV, mientras que el PSdeG de Moaña fue la única abstención
La Asamblea de la Mancomunidade do Morrazo, compuesta por los grupos políticos con representación en las corporaciones municipales de Cangas, Moaña y Bueu, aprobó este jueves la nueva ordenanza reguladora del servicio de gestión de residuos con los votos favorables de los partidos que sustentan el gobierno del ente supramunicipal (BNG, PSdeG e IU), el voto en contra de PP y Alternativa dos Veciños (AV) y la única abstención del representante del PSOE de Moaña. El texto sale adelante incorporando varios cambios respecto al documento inicial, entre ellos la eliminación de la multa mínima de 300 euros para las infracciones leves, que pasarán a sancionarse con hasta 2.000 euros en función de la gravedad de cada caso; una nueva regulación del compostaje doméstico, que pasa a definirse como el sistema preferente y no como una obligación absoluta; la creación de una red voluntaria de establecimientos colaboradores para la recogida de pequeños residuos y una mayor concreción de las condiciones de entrega de residuos por parte de comercios y hostelería.
Las modificaciones responden al análisis de las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública y a las aportaciones realizadas por representantes del comercio y la hostelería. El informe técnico propuso estimar parcialmente únicamente las alegaciones referidas al régimen sancionador y al compostaje doméstico, mientras que el resto fueron desestimadas. Durante el debate, la portavoz del PP de Cangas, Dolores Hermelo, criticó que la tramitación de la ordenanza se hubiese realizado por la puerta de atrás, al igual que la normativa fiscal, sin contar con los colectivos sociales, y censuró la ausencia de bonificaciones para la ciudadanía vulnerable en el apartado del régimen sancionador. Por su parte, la portavoz de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, agradeció que se hubiesen incorporado parcialmente algunas de las alegaciones de su grupo, especialmente las relativas al régimen sancionador y al compostaje, pero reprochó que se hubiese rechazado la propuesta de establecer un periodo inicial de formación e información ciudadana antes de aplicar el régimen sancionador. Además, planteó in extremis la incorporación de esta medida, que no prosperó, y criticó la falta de concreción sobre el procedimiento para acogerse al sistema de compostaje o renunciar a él.
Al tratarse de un texto modificado respecto al que fue sometido inicialmente a información pública, la ordenanza volverá a exponerse al público para que los ciudadanos puedan presentar nuevas alegaciones antes de su aprobación definitiva. Entre las alegaciones rechazadas figuran las que cuestionaban la legalidad del procedimiento, el sistema de inspección, la inclusión de los vehículos abandonados en la ordenanza, la fijación de una distancia máxima entre viviendas y contenedores en el rural o el establecimiento de un periodo obligatorio de seis meses sin sanciones.