El PP denuncia que el tripartito fondeó el sistema sin la preceptiva autorización de Costas ni los informes vinculantes de Seguridad Marítima y de Compatibilidad con las Estrategias Marinas
El primer temporal del otoño ha dejado imágenes de balizas del balizamiento estival de las playas de Cangas desplazadas de su posición original, golpeando contra las rocas en zonas de rompiente, varadas en el arenal y, en algunos casos, perdidas en el mar. El Partido Popular de Cangas sostiene que lo ocurrido confirma sus advertencias sobre la gestión del servicio por parte del gobierno local de BNG, PSOE y EU.
Según los populares, el sistema carecía de estabilidad técnica y de lastre mínimo: las balizas se fijaban a bases de plástico y hormigón de vallas de obra con pesos inferiores a 30 kilos, un anclaje que consideran incapaz de resistir las corrientes habituales y el fondo de la ría.
Falta de documentación
El PP afirma que, semanas después de solicitar formalmente el acceso íntegro al expediente de contratación y a las autorizaciones de fondeo, la única documentación incorporada al registro municipal es su propia petición de información. Interpreta esta situación como una «opacidad sistemática» que evidencia la ausencia de trámites reglamentarios.
Frente al argumento del ejecutivo local, que atribuyó el fondeo irregular a una «falta de respuesta puntual» por la baja laboral de un trabajador, los populares recuerdan que la competencia para autorizar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre corresponde a la Demarcación de Costas, que además ostenta la potestad sancionadora ante fondeos no regulados. Para ello sería indispensable contar con el informe preceptivo y vinculante de la Capitanía Marítima, así como con el de compatibilidad con las Estrategias Marinas, que sirve para verificar las características del fondo donde se depositan los muertos y evitar daños en los ecosistemas.
Moción aprobada por unanimidad
El PP señala que el episodio refuerza la vigencia de la moción defendida por su concejal, Rafael Soliño, y aprobada por unanimidad en el último Pleno. El acuerdo obliga al gobierno local a auditar el servicio, cuantificar el material público extraviado, solicitar informe a Capitanía Marítima e intervenir las facturas de la empresa contratada antes de realizar pago alguno con fondos municipales.
Los populares califican de «insumisible» la respuesta escrita del ejecutivo, que sostuvo que la función de la boya se cumple igual esté tumbada o en otra posición. Consideran que la afirmación desprecia la normativa náutica y explica por qué las balizas rompieron amarras al primer embate del mar.
El PP exige la retirada urgente de los elementos que siguen golpeando contra la costa y reclama que se aclaren de inmediato las responsabilidades y los costes que esta supuesta negligencia supondrá para las arcas públicas.
Soliño ironizó sobre las explicaciones del gobierno: «Después de lo visto estos últimos años, ya pocas cosas sorprenden. Puede que ahora se excusen en que todo estaba planificado para facilitar las tareas de recogida». Lo que sí sorprende, añadió, es que se señale al personal municipal, que «por lo visto no puede estar de baja laboral, ya que, de lo contrario, el Concello se paraliza».