A voceira popular, Dolores Hermelo, asina a impugnación total da norma ao ter sido aprobada pola Xunta de Goberno usurpando as funcións da Asemblea
El Partido Popular de Cangas formaliza el registro de las alegaciones contra la nueva Ordenanza de Residuos de la Mancomunidade do Morrazo. La portavoz del grupo municipal, Dolores Hermelo Piñeiro, lideró la presentación de un documento jurídico que exige la nulidad radical de todo el procedimiento. Los populares denuncian que el BNG y sus socios intentaron imponer una norma que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos a través de un órgano incompetente, evitando el debate público y el control de la oposición.
La impugnación se fundamenta en que “este proceso nace muerto” desde el punto de vista legal. Consideran que BNG, el PSOE e IU cometieron una “ilegalidad de manual” al aprobar inicialmente la ordenanza en la Xunta de Gobierno, cuando la Ley de Bases del Régimen Local “prohíbe taxativamente delegar la aprobación de normas sancionadoras en este órgano”. Esta es una competencia exclusiva de la Asamblea de la Mancomunidade, reafirman.
Los populares critican que el Gobierno local trató de impedir a la desesperada debatir en el último Pleno este asunto, rompiendo con el pacto tácito entre grupos de aprobar la urgencia de las mociones, “aunque no se apoye los puntos de acuerdo” aclaran. “Ante la evidencia de que iba a ser debatida y aprobada, optaron por reventar el debate” explican.
Afán recaudatorio
Más allá de los errores formales, el contenido de la ordenanza esconde un diseño pensado para castigar al ciudadano y asfixiar económicamente a las empresas y a la hostelería de Cangas. El nuevo régimen sancionador es un auténtico delirio recaudatorio que prevé multas de hasta 2.000 euros por simples infracciones leves, como bajar la basura fuera de hora o no separar correctamente, y que puede llegar hasta los 3,5 millones de euros en los casos más graves. Se trata de un gobierno que busca cuadrar sus cuentas la base de perseguir al paisanaje por errores domésticos o por la simple dificultad de cumplir unos requisitos técnicos y horarios imposibles de asumir en la vida diaria.
La ordenanza resulta especialmente lesiva para el sector hostelero, a lo que si le obliga a depositar los residuos en una franja única entre las 20:00 y las 23:00 horas. Esta medida supone una condena para los establecimientos que en pleno verano cierran de madrugada, ya que los fuerza a retener la basura en el interior de los locales con los evidentes problemas de olores e insalubridad que eso comporta.
A esta presión se suma la imposición del compostaje individual obligatorio bajo la amenaza constante de inspecciones y sanciones, creando un clima de control que busca más la recaudación que la conciencia ambiental. Con este movimiento, el gobierno local intenta colar un nuevo «taxazo» camuflado para evitar
la contestación social que ya tuvo la ordenanza fiscal, a cuál será recurrida en los tribunales por diversos colectivos.
Desde el Partido Popular de Cangas hacen un llamamiento a la ciudadanía para que no se deje amedrentar y presente sus propios alegatos antes de que remate el plazo de exposición pública. “No vamos a permitir que el gobierno de Araceli Gestido vacíe los bolsillos de los cangueses con una norma ilegal y autoritaria que solo busca el afán recaudatorio por encima del servicio público” afirman. La formación se ponen a disposición de cualquier vecino o comerciante que precise información detallada sobre este atropello o ayuda para tramitar su reclamación ante la Mancomunidad.