«Colaboración plena coa Xustiza»: el partido reivindica la «legalidade» y transparencia al tiempo que la instrucción avanza y no descarta llamar a la alcaldesa, Araceli Gestido, que firmó el contrato millonario
El BNG de Cangas salió este martes en defensa cerrada de su concelleiro de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias, después de conocerse que la titular de la Sala Número 2 del Tribunal de Instancia de Cangas lo ha citado a declarar como investigado por un presunto delito leve de prevaricación administrativa. El partido nacionalista, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, aseguró tener «toda a súa confianza» en el edil y reivindicó que el gobierno local actuó siempre «conforme aos procedementos legalmente establecidos». Sin embargo, el propio origen del caso desmiente esa lectura de tranquilidad institucional: fue la Fiscalía de Pontevedra, a raíz de una denuncia del Partido Popular, la que hace dos años apreció indicios de hasta cuatro presuntos delitos en relación con el contrato de urgencia adjudicado tras el ciberataque que sufrió el Concello el 17 de mayo de 2023, y es ahora un juzgado, no ya el Ministerio Fiscal, quien instruye penalmente el asunto.
Según el comunicado del BNG, cuando la formación asumió el gobierno local se encontró con un Concello «nunha situación límite», con una contabilidad que calificó de «inutilizada» y que, según defienden, comprometía el funcionamiento de la administración. El partido sostiene que tanto Iglesias como el resto del grupo de gobierno actuaron «con honestidade, responsabilidade e lealdade institucional» y remarca que desde el inicio han colaborado «plenamente coa Xustiza» y lo seguirán haciendo «con total transparencia». El texto concluye con una máxima que el propio BNG se atribuye: actuar siempre «desde o máis escrupuloso cumprimento da legalidade».
Ese relato de normalidad contrasta con los datos que maneja la instrucción judicial. La jueza no ha archivado el caso, sino que ha decidido abrir causa y ha convocado a Iglesias para el próximo 1 de octubre, apercibiéndole de que su citación podría derivar en una orden de detención si no comparece asistido de abogado. La causa también se dirige contra el administrador de Evelb Técnicas y Sistemas S.L., la empresa contratada de urgencia por 197.847,17 euros (IVA incluido) para recuperar los sistemas informáticos secuestrados por el ransomware LockBit 3.0. Tanto el administrador de la empresa como el interventor municipal ya declararon ante el Fiscal.
El contrato con Evelb fue firmado directamente por la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), recién llegada al cargo, sin que el acuerdo pasara por pleno ni por junta de gobierno. El juzgado ha reclamado al Concello copia de varias facturas giradas por la empresa en julio de 2023. Iglesias, según reconoce el propio procedimiento, no tenía entonces concellería asignada ni firmó el contrato, lo que abre la puerta a que la instrucción termine alcanzando también a la propia alcaldesa. En la causa también se ha personado Alternativa dos Veciños, la formación de la exalcaldesa Victoria Portas, bajo cuyo mandato se produjo el ciberataque.
La comparecencia de Iglesias llega, además, en un momento delicado para el BNG local. Con el nuevo inicio del curso político la maquinaria de los partidos comenzará a andar para tratar de designar a los candidatos y candidatas para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Todo parece indicar que la actual regidora, Araceli Gestido, podría volver a optar a la alcaldía bajo las siglas nacionalistas, aunque podría estar condicionado por el proceso judicial y si es llamada a declarar ante la jueza al ser la autoridad que firmó el contrato millonario.