Una familia de Cangas, con tres generaciones vinculadas al alquiler, reivindica el papel de los pequeños propietarios y expone de los problemas que condicionan sus decisiones
Mientras el pasado sábado las calles de Cangas acogían una manifestación para reclamar soluciones al problema de la vivienda, la propietaria de varios inmuebles de alquiler en el municipio reivindica también su espacio en un debate que considera demasiado polarizado. Para este reportaje, utiliza el nombre ficticio de “María”, ya que prefiere no revelar su identidad porque, según explica, “se está criminalizando al propietario” y teme que identificarse pueda generarles problemas. Con ella, tres generaciones han tenido viviendas en alquiler como complemento a sus respectivos trabajos. La inversión comenzó con los abuelos, que fueron destinando parte de sus recursos a la compra y promoción de vivienda pensando en disponer de un complemento durante la jubilación. “Es gracias a ello que a día de hoy pueden tener una vejez digna porque su pensión es muy baja”, señala.
Esta canguesa recuerda que la relación entre propietarios e inquilinos era muy diferente décadas atrás. Los contratos eran más sencillos y los problemas de impago se resolvían en muchas ocasiones mediante acuerdos personales. “Muchas veces había algún impago, pero de palabra se llegaba a acuerdos, como que pagarían la mensualidad impagada en el siguiente mes o poco a poco. Y te fiabas porque la gente cumplía”, relata. Ahora, sin embargo, esta casera de Cangas trabaja habitualmente con inmobiliarias y contrata seguros de impago como medida de protección. Asegura que a los costes de esas gestiones se suman seguros del hogar, posibles gastos judiciales, IBI, comunidades, suministros, reparaciones y nuevos requisitos como el certificado energético. Todo ello, sostiene, forma parte de un “círculo de encarecimiento” que también se ve agravado por el aumento del precio de los materiales y de la mano de obra.
Como ejemplo, explica que algunos apartamentos que gestiona de unos 70 metros cuadrados que hace unos años se alquilaban por alrededor de 250 euros mensuales se sitúan actualmente en torno a los 380 euros. Sin embargo, insiste en que esa subida no implica necesariamente una mayor rentabilidad, ya que cada cambio de inquilino puede exigir nuevas obras. “Estamos rezando para que cuando la inquilina se vaya no haya que hacer demasiada obra para el siguiente porque el precio de los materiales y los profesionales de la construcción también están disparados”, apunta. Esta situación ha llevado a ‘María’ a descartar actualmente nuevas inversiones en promoción y a mostrarse mucho más prudente incluso ante posibles compras de segunda mano.
La otra gran preocupación es la percepción de falta de protección ante determinados problemas con los inquilinos. “No hace falta que haya okupas para tener problemas de ocupación”, afirma María, que recuerda el caso de una persona que, después de sufrir un golpe en la cabeza, quedó en una situación de desarraigo y dejó de pagar el alquiler. Según relata, la propiedad del inmueble terminó asumiendo una situación que consideraba que debía haber recibido respuesta de los servicios sociales: “Pasó a ser nuestro problema social”. La incertidumbre, asegura, está influyendo directamente en las decisiones de la familia. El pasado viernes tenían prevista la firma de un nuevo contrato que finalmente no llegó a realizarse y, ante posibles cambios normativos, ya contemplan otras opciones como el alquiler vacacional. “Económicamente no es que compense mucho más que el alquiler anual, pero tienes mucho más control y seguridad jurídica y, sobre todo, la tranquilidad de saber que puedes recuperar tu vivienda”, explica.
Quieren marcar distancias con los fondos buitre. «No me siento aludida”, asegura. Defienden que los pequeños propietarios son personas físicas que arriesgan sus propios ahorros y que no cuentan con las mismas ventajas fiscales que los grandes operadores.