Un aspirante solicita la impugnación de la subasta pública alegando “falta de transparencia en el proceso de adjudicación” al negarle el acceso a la información completa de las pujas
La adjudicación de los chiringuitos de playa para este 2025 trae polémica. Si ya el año pasado había voces discordantes, en esta ocasión la sombra del ‘dedazo’ se cierne por escrito sobre el proceso seguido por el gobierno local para asignar el permiso de explotación y lo hace en forma de alegación. Uno de los aspirantes a gestionar el puesto del arenal de Menduíña muestra su desacuerdo con la tramitación y denuncia “falta de transparencia”. Se trata de Fernando Portela, un empresario que ya cuenta con otro chiringuito en Soutomaior y que, como conocedor del proceso que siguen otros concellos para este tipo de establecimientos, expresa su “disconformidad con el resultado» y solicita “la impugnación de la resolución” emita por el Concello en la que solo muestran la puntuación otorgada por la mesa de contratación a cada uno de los solicitantes pero no la cantidad económica con la que pujaron, como recogen las bases, ni tampoco la hora exacta en que se recibieron esas propuestas. Una información que Portela ha reclamado oficialmente por escrito durante el período de alegaciones legalmente establecido, que terminó ayer, y que vía telefónica le niegan.
“Deseo dejar constancia de mi firme convicción de que durante el desarrollo de la subasta se han producido irregularidades, pudiendo haberse cometido prácticas desleales o incluso fraudulentas. Por ello, presento una queja formal contra este proceso, solicitando que se realice una investigación exhaustiva que garantice la legalidad y equidad del mismo”, refleja en el documento que trasladó al gobierno local una vez este comunicó el listado de adjudicaciones. La apertura de sobres se anunció en el tablón de anuncios del Concello, pero no se convocó a los solicitantes.
Las bases, aprobadas por resolución de alcaldía el pasado 20 de enero, no habrían pasado por la junta de gobierno.
“Tenemos órdenes de no proporcionar información”
Portela amenaza con acudir a la justicia si el gobierno local no le facilita toda la información demostrando que la adjudicación no se produjo “a dedo”. Uno de los comentarios que le hicieron saltar las alarmas cuando trató de obtener datos sobre el proceso fue: “Tenemos órdenes de no dar información”. Ante esta situación, y dados los procesos judiciales que acechan al gobierno local, el solicitante asegura que se ve en la obligación de “exigir pruebas claras y verificables que demuestren la legalidad del proceso, tanto del partido gobernante como de la persona adjudicataria del chiringuito”.
Ante las preguntas de Atlántico a la alcaldesa, Araceli Gestido, esta derivó la respuesta al edil de Urbanismo, Antón Iglesias, pero al cierre de la edición no contestó al teléfono.