El PP acusa al Gobierno de incumplir la reserva de vivienda protegida, afea que no comparecieran los técnicos y el BNG acusa a la oposición de bloquear el proyecto
El pleno extraordinario de Moaña solicitado por el PP para abordar el futuro edificio de Sisalde arrancó esta tarde con un ambiente bronco y un intenso cruce entre gobierno local y oposición. Los populares habían reclamado la comparecencia del concelleiro de Urbanismo, Xosé Xoán Melón, del arquitecto municipal y del arquitecto técnico para aclarar las dudas sobre la edificabilidad destinada a las diez viviendas públicas de alquiler social. Sin embargo, la alcaldesa, Leticia Santos, explicó al inicio de la sesión que, tras consultar con la Secretaría municipal, se había determinado que las comparecencias ante el pleno corresponden a los responsables políticos y no al personal técnico. La decisión provocó las primeras críticas del PP, que insistió en que los técnicos debían explicar directamente los cálculos.
El portavoz popular, Alfonso Piñeiro, centró buena parte de su intervención en la reserva de vivienda protegida. El PP sostiene que el 30% debe aplicarse sobre los 5.900 metros cuadrados de edificabilidad total previstos en el ámbito, lo que situaría la reserva necesaria en torno a los 1.760 metros cuadrados. Piñeiro reclamó que el arquitecto municipal actual verificase y certificase si el criterio empleado por el gobierno local es correcto y cuestionó que, si el informe técnico avala el proyecto, no se permitiese al propio arquitecto explicar las cifras ante la corporación. La oposición mantiene así sus dudas sobre el cumplimiento de la normativa urbanística y sobre la superficie realmente destinada a vivienda protegida.
El edil de Urbanismo respondió que el origen de la discrepancia está en la interpretación del PERI de Sisalde. Según explicó, la normativa establece una reserva del 30% de la edificabilidad correspondiente al uso residencial, y no del conjunto de la edificabilidad de la parcela. El proyecto contempla una edificabilidad total de 5.900,70 metros cuadrados, de los que 1.710,08 corresponden al auditorio y a dependencias municipales. De esta forma, la edificabilidad residencial de referencia queda, según los cálculos del ejecutivo moañés, en 4.190,62 metros cuadrados. El 30% de esta cantidad supone 1.257,19 metros cuadrados, mientras que el proyecto incorpora 1.274,91 metros cuadrados de edificabilidad destinada a vivienda protegida. Con este criterio, el Ejecutivo sostiene que supera en 17,72 metros cuadrados la reserva exigida por el PERI y que cumple tanto el planeamiento del ámbito como el PXOM.
La portavoz del BNG, María Ortega, elevó el tono político del debate al acusar a la oposición de utilizar las dudas sobre la edificabilidad como una estrategia de bloqueo. El gobierno local defendió que se trata de un proyecto trabajado durante años, vinculado a una demanda del tejido cultural de Moaña y que fue definido con participación de la Plataforma Proauditorio. Melón recordó que la contratación de la redacción del proyecto se aprobó en mayo de 2023, que el proyecto básico refundido y de ejecución fue entregado en agosto de 2024 y que posteriormente fue sometido a supervisión de la Diputación. El arquitecto municipal emitió además, el 4 de noviembre de 2024, un informe favorable sobre su adecuación a la legislación urbanística y sectorial, al PERI de Sisalde y al PXOM. La junta de gobierno local aprobó el proyecto ese mismo mes.
El debate enfrentó también dos lecturas sobre el papel que deben desempeñar los informes técnicos. El gobierno considera que el proyecto ya ha pasado por los controles administrativos y técnicos necesarios y que las cifras acreditan su cumplimiento, mientras que el PP entiende que las dudas sobre la reserva de vivienda protegida justifican una aclaración directa del personal técnico. La negativa a que compareciesen los arquitectos municipales hizo que el enfrentamiento sobre los metros cuadrados se trasladase desde el principio al terreno político, con acusaciones cruzadas de bloqueo y de falta de garantías.
Melón defendió además que el edificio de Sisalde no se limita al futuro auditorio, sino que incorpora diez viviendas públicas de alquiler social, nuevas dependencias municipales y un archivo. El Gobierno local ha decidido asumir con recursos municipales el coste de la actuación después de no obtener, según explicó el edil, financiación autonómica para el auditorio ni para las viviendas. La actuación se presenta así como uno de los principales proyectos de inversión del Concello, mientras la oposición reclama despejar antes las dudas urbanísticas que, a su juicio, persisten.
El pleno dejó finalmente una controversia concentrada en una cuestión concreta: sobre qué superficie debe calcularse el 30% de reserva de vivienda protegida establecido en el PERI de Sisalde. Para el PP, debe tomarse como referencia la edificabilidad total del ámbito y la reserva debería rondar los 1.760 metros cuadrados; para el Gobierno municipal, la norma se refiere exclusivamente a la edificabilidad residencial, por lo que el mínimo sería de 1.257,19 metros y el proyecto, con 1.274,91 metros, cumpliría el requisito. Entre ambas interpretaciones, el enfrentamiento político marcó desde el primer minuto un pleno extraordinario convocado precisamente para intentar despejar las dudas sobre el futuro edificio.