Aunque nace con el objetivo de afrontar los problemas de tráfico durante el verano en la parroquia de O Hío, la idea está en fase inicial y aún se está analizando su viabilidad
El Concello de Cangas estudia fórmulas de colaboración con Portugal para facilitar la tramitación de multas de tráfico impuestas a conductores portugueses como medida para paliar los problemas de tráfico en la parroquia de O Hío y de acceso a las playas durante el verano. Se trata de una posibilidad que jurídicamente solo podría desarrollarse dentro de los mecanismos de cooperación administrativa ya existentes entre España y el país vecino. Fuentes conocedoras del asunto apuntan a que el objetivo municipal no sería crear un sistema internacional propio de cobro de sanciones, algo reservado al Estado, sino mejorar la eficacia de las notificaciones y de la gestión administrativa de expedientes dirigidos a vehículos matriculados en Portugal. De hecho, en las próximas semanas se va a instalar una nueva señalización que permita sancionar con todas las coberturas legales.
Cangas forma parte de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), estructura que permite a los concellos adherirse a convenios y sistemas compartidos de gestión administrativa y recaudatoria. Además, trasladan, la legislación europea ya contempla mecanismos de intercambio de información entre Estados miembros para identificar titulares de vehículos y tramitar determinadas sanciones de tráfico transfronterizas. Así que, este contexto, lo que está analizando el tripartito podría tener encaje como fórmula de cooperación administrativa o técnica, pero no como un tratado internacional autónomo con Portugal.
Todavía no es una vía firme para el gobierno local, de hecho trasladan a Atlántico que está en una fase embrionaria, pero que se están tanteando los pros y los contras, y uno de estos escollos estaría en el cobro de las sanciones, delegado en el ORAL.
La presencia constante de vehículos portugueses en O Morrazo y en buena parte de la costa sur gallega ha incrementado desde hace años las dificultades para tramitar sanciones fuera de España que pasan por identificar titulares extranjeros, garantizar la recepción efectiva de las notificaciones y reducir el volumen de multas que quedan sin cobrar.
El posible convenio que estudia Cangas se enmarcaría precisamente en ese contexto de cooperación transfronteriza.