El mismo día que la alcaldesa y la UTE afirmaron públicamente que el agua podía beberse, la regidora envió una solicitud a la Consellería de Sanidade para que realizasen las «probas complementarias» para «descartar riscos»
La Asociación de Vecinos «Nos» de San Pedro-Cimadevila de Cangas denuncia el «silencio» del Concello y de la UTE en todo el problema de contaminación del agua que afectó al manantial de Aguieiro y que habría acabado en el grifo de los hogares. O al menos eso es lo que evidencian las analíticas específicas que se hicieron mes y medio después del vertido gracias a la presión vecinal, a la alerta del colectivo ante la hospitalización de dos vecinos, y después de que se advirtiese desde diciembre por teléfono y presencialmente a la concesionaria del ciclo del agua de que esta presentaba olores y sabores que podrían corresponderse con gasoil, pintura o algún hidrocarburo.
Pruebas hay que lo demuestran, aunque no fue hasta el 12 de enero cuando se procedió a limpiar el manantial. Un tiempo más que sería más que suficiente, piensan los vecinos, como para que la contaminación hubiese podido llegar a las tuberías de las viviendas y el agua haber sido consumida por sus moradores. Quizá por ese motivo hubo ciudadanos que se sintieron indispuestos en ese período de tiempo, pero que no dieron mayor importancia a los síntomas. Fue cuando Morrazo Noticias lo hizo público cuando empezaron a sospechar del motivo. La insistencia y la preocupación de la directiva de Nos hizo que la UTE accediese a realizar analíticas concretas sobre hidrocarburos y los resultados dieron la razón a la asociación. Confirmaron que el agua tenía hidrocarburos. Eso sí, los parámetros estaban dentro de los márgenes de la Ley (< 0,50 mg/l, RD 3/3023) y, por tanto era apta para el consumo, probablemente porque ya había pasado mes y medio desde el primer aviso. A lo largo de todo este tiempo Concello y UTE mantuvieron que el agua era potable sin haberlo comprobado. «O silencio da UTE e do Concello nos parecía unha neglixencia», sentencian desde Nos.
Pero no solo eso, el colectivo vecinal también destapa que la alcaldesa, Araceli Gestido, les habría llamado «para un pouco ameazarnos» y acusarles de «imprudentes» y de dar «unha falsa alarma, dicíndolle a
cidadanía que bebera auga dos pozos». «Nós en ningún momento dixemos que se bebera auga dos pozos, se non que por precaución, que non se bebera auga da traída pública», aclaran. «Volveron a reiterar que a auga contaminada nunca chegara a veciñanza e que iamos a asustar os cidadáns», añade Nos.
SOLICITUD A SANIDADE
A esta contradicción se suma otra de la regidora que también destapa la directiva vecinal. «O día 06 de febreiro, a alcaldesa sae a dicir na prensa que a auga é ata para o consumo, e tanto a UTE como ela afirman que a partir do 12 de xaneiro non existe risco para a saúde», sin embargo, ese mismo día Araceli Gestido remite escrito a la Consellería de Sanidade con el siguiente texto: “Dado que este tipo de contaminación pode non ser fácilmente detectable sen análise específica, e que os seus efectos sobre a saúde poden ser relevantes, solicitamos que se valore a realización de probas complementarias nas captacións potencialmente afectadas, co obxectivo de descartar riscos e garantir a seguridade sanitaria da poboación».
Además, exponen, «si o Concello tiña a seguridade de que a contaminación non chegou os cidadáns, a que ven contrato coa Universidade de Santiago CM26/10 Servicio de análise toxicolóxico, con número de expediente 333/26, cun período de 10-02 a 30-11 do 2026», se preguntan cuestionándose «qué valor puede ter dito contrato» al entender que «o control debía haberse feito a partir de decembro de 2025» y no desde el 10 de febrero y hasta el 30 de marzo.
«Dende esta Asociación nos atrevemos a aseverar que en todo este procedemento que se podería producir unha posible neglixencia, con risco para a saúde da poboación, que en caso de confirmarse podería considerarse un delito, que debería supoñer a toma de medidas, para que non poida volver a
ocorrer», valoran. Por este motivo, solicitan al Concello elaborar un protocolo de medio ambiente ante un proceso de contaminación del agua de consumo humano, «pues los hechos supusieron un riesgo directo para la salud pública de la población, y el medio ambiente, y contravinieron la normativa sobre protección de los recursos hídricos». También ven apropiado los vecinos de San Pedro-Cimadevila «la posible interposición de un expediente de sanción a UTE, si procede, por lo que entendemos fue una actuación negligente».