La alcaldesa de Cangas reconoce que la decisión de la empresa causó “bastante malestar” pero que “tienen potestad de hacerlo de forma autónoma porque va implícito en el contrato”
Las cartas que ha enviado a los propietarios de viviendas de uso turístico la concesionaria del Ciclo del Agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, por el consumo de agua han causado “bastante malestar”, reconoce la alcaldesa, Araceli Gestido, quien también manifiesta que el gobierno local “no estaba al tanto” de esta decisión de la empresa aunque defiende, apoyándose en la información que le facilita el departamento jurídico del Concello, que “tienen potestad de hacerlo de modo autónomo porque va implícito en el propio contrato”.
Así, expresa la regidora que la decisión de la UTE de que el recibo de las viviendas de Cangas incluidas en el Registro de Viviendas de Uso Turístico de la Xunta correspondiente al 4º trimestre sea contabilizado atendiendo a las cifras de la tarifa de uso industrial y no doméstico “es conforme a derecho y ya está contemplada en nuestro reglamento». Por lo tanto, precisa, “de ser así el cobro sería correcto”.
Aun así Gestido prevé recopilar más datos sobre este caso en las próximas horas para poder dar una explicación más extensa y completa para aclarar la situación a los afectados, que en los últimos días han empezado a recibir los escritos de la concesionaria con cantidades muy variadas dependiendo de la fecha de inicio de la actividad. En algunos casos superando los 1.000 euros, entienden que con un efecto retroactivo de cuatro años para ajustarse a la ordenanza vigente aprobada en 2020, aunque tampoco lo tienen claro porque en el escrito solo se alude a los artículos 14 y 66 del reglamento de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua del Concello de Cangas. En el primero habla de que entre las actividades no permitidas a los usuarios está “dedicar el suministro de agua a fines distintos a los contratados”.
La Asociación de Alojamientos Turísticos de la comarca Todomorrazo está recogiendo todas estas cartas de sus asociados y estudiando la situación para presentar alegaciones dentro de los 15 días de plazo ya que consideran que esta acción sorpresiva de la UTE no tiene fundamento. Consideran que no son industrias hoteleras sino que son pequeños propietarios que al menos debían de ser informados previamente y hacerlo por consenso.