Natalia Araújo, de 43 años, vive con sus hijos menores de 9 y 6 años en una casa de la barriada de suboficiales, en Marín. Está a punto de ser desahuciada. El ultimátum fue el 14 de mayo pero gracias a un escrito de los Servicios Sociales logró paralizarlo, pero solo temporalmente. Sabe que es cuestión de días. En este momento el juez está valorando la fecha.
Según explica a Morrazo Noticias, el piso es propiedad de su ex suegro, que era un alto cargo militar. Al igual que su exmarido, del que se divorció solo unos meses después de trasladarse a vivir a este piso. Pese a que la adquisición de la vivienda, según Natalia, la hizo su ex suegro, fueron ellos quienes abonaron el dinero para la compra. Para ello tuvieron que pedir un préstamo personal. También reformaron la vivienda. Sin embargo, en el momento de la separación la familia de él dejó a un lado todo lo aportado y «negaron que la vivienda fuera nuestra». «Ahora se aprovechan de la situación para desahuciarnos a mi y a mis hijos», manifiesta preocupada porque, dice, «no tenemos a dónde ir». «Además, mi exmarido me reclama la mitad de los préstamos utilizados para comprarla, a pesar de que yo no figuro como propietaria», añade.
«Me encuentro en una situación desesperada», clama pidiendo «justicia». «No puedo permitir que mis hijos se queden sin hogar por la codicia de mi exmarido y sus padres», concluye.