El incremento está recogido en la licitación que todavía está en resolución pero se aplica desde que acabó el anterior contrato
El Concello de Moaña se encuentra en plena resolución de la licitación del nuevo contrato del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) pero a efectos prácticos ya se está aplicando una parte importante, la económica que repercute directamente en las 57 trabajadoras que atienden las personas dependientes de la localidad. Desde el 1 de mayo el gobierno local paga la hora un 22 por ciento aproximadamente más cara de lo que lo estaba haciendo hasta esa fecha. De esta forma, si antes una empleada recibía 17,47 euros (más IVA del 4%) por cada hora trabajada de lunes a sábado, con esta nueva decisión está cobrándola a 22,45 euros. En cuanto a las desempeñadas los domingos y festivos, se pasó de 20,31 (+IVA) a los 25,72 euros.
Sin embargo, este camino administrativo está encontrando alguna piedra en el camino. Este lunes la junta de gobierno de Moaña rechazará la solicitud de subsanación presentada por el sindicato CIG, único en el comité de empresa de las trabajadoras del SAF moañés apoyándose en la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Publica de Galicia (Tacgal) en la que daba la razón al Concello en el procedimiento de licitación llevado a cabo por la administración local en respuesta a un recurso previo presentado por una asociación autonómica de empresas prestadoras de servicios de ayuda a la dependencia.
La alcaldesa, Leticia Santos, defiende la “transparencia” con la que se está llevando esta licitación, pendiente de un informe técnico para dotar de puntuación a las tres empresas que se presentaron tras la apertura del sobre B en el que se recoge el desglose de la prestación del servicio. “Todo nuestro proceso está amparado en base a la ley de contratos”, defiende la regidora aclarando que “el Concello defiende a las trabajadoras”.
«No es una licitación, es una subasta»
El comité de empresa del SAF de Moaña es crítico con el gobierno local y le acusa de estar llevando a cabo una “subasta” y no una licitación del servicio. Temen que la empresa que entre no respete los acuerdos y mejoras de las que disfrutan en este momento con Protección Geriátrica, empresa concesionaria actual y una de las tres que se ha presentado al concurso para continuar en Moaña. “Si el precio a la baja puntúa, corremos el riesgo de perder esos pactos que ahora tenemos con la empresa y es un atentado contra las trabajadoras», sentencia la presidenta, Julia Rodríguez.
Quiere una reunión con el Concello pero la regidora dice que es una cuestión entre empresa y trabajadoras en la que el gobierno local no puede entrar. “Obligamos a la empresa a que cumpla”, insiste Santos.