Cangas se queda fuera de la ayuda estatal porque el gobierno local no envió los documentos de subsanación. Moaña, por el contrario, recibió algo más de 5.000 euros
Frente a la idea inicial del gobierno local de echarlos a la calle, el gobierno local decidió finalmente trasladarlos temporalmente hasta el sótano del local social de Cimadevila de apenas 35 m2 y allí llevan 16 de ellos un año y dos meses sin otra solución a medio plazo. Otros cuatro más están enfermos y se encuentran dentro de jaulas en la misma habitación La Asociación Colonias Canguesas les prestan atención y los servicios básicos, pero son conscientes de que no es el lugar apropiado. Sin embargo, se encuentran con un gobierno local que no busca recursos económicos para mejorar sus condiciones y, sobre todo, para dar un respiro económico a un colectivo que apenas percibe 5.000 euros al año, hasta el momento solo 2000, tras pelear el último incremento recogido en los presupuestos.
Las voluntarias realizan un trabajo de forma altruista que debería recaer de forma directa sobre el Concello. Por este motivo, es el ejecutivo local quien tiene que solicitar las subvenciones de las diferentes administraciones y no la asociación. El problema es que el tripartito no lo hace o lo hace mal. Un ejemplo es la resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre una ayuda a las entidades locales para mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas. Pese a que la solicitó en fecha, no respondió a los requerimientos del Ministerio, desistiendo así a obtener el dinero.
Por su parte, el Concello de Moaña, sí atendió la reclamación de documentación y recibirá del Estado 5.617,60 euros para tratamientos de los 7.022 demandados. Y no es la única, el ejecutivo que preside Leticia Santos también aspira a lograr ayuda enfocada a financiar actuaciones dirigidas a la protección de animales en compañía abandonados cuyo plazo de inscripción comenzó el 13 de enero de 2024 y acaba de rematar el 13 de septiembre. El plazo de resolución es de tres meses, será entonces cuando sepamos si Cangas aprovechó la oportunidad o, una vez más, la dejó pasar.
UN DINERO QUE SALDRÁ DE LOS CIUDADANOS
La Ley de Protección Animal obliga a los concellos a capturar a los gatos, a identificarlos con un michochip, castrarlos y vacunarlos. Un coste que aquellos ayuntamientos que no pidan subvenciones a otras entidades se ven obligados a sufragar con fondos propios. Es el caso de Cangas, con la suerte de que hay un colectivo de voluntarias que se encarga de hacer el trabajo de captura, limpieza, cuidado, traslados y adopciones sin obtener un sueldo a cambio.
El PP, que ya ha llevado varias mociones al pleno reclamando mayores fondos para este colectivo, insta al ejecutivo local a “ponerse a trabajar” en lugar de “vivir dando pena”. “Para recibir de otras administraciones se tiene que trabajar y sino el dinero lo pagan todos los ciudadanos de Cangas”, asevera la concelleira popular Dolores Hermelo.