CSIF, CCOO y SPPM acudirán al juzgado porque consideran que es “ilegal” y no descartan dar cuenta a la Fiscalía por si pudiera tener alguna responsabilidad penal
Los sindicatos CSIF, CCOO y SPPM de la Policía Local de Cangas denunciaran en el Juzgado la orden de la alcaldesa, Araceli Gestido, que les obliga a hacer los servicios de vigilancia y control del tráfico en las zonas del rural competencia de la Guardia Civil. Consideran que “la orden es ilegal pues en la última Junta Local de Seguridad se acordó crear comisión para un acuerdo que sería firmado entre el Concello y la Jefatura Provincial de Tráfico y esto no se ha cumplido”.
Las tres fuerzas sindicales coinciden en que pedirán judicialmente el acta de esta Junta Local y que recurrirán a través del Contencioso esta “Orden de servicio” rubricada por Gestido, como máxima responsable del gobierno local, “ya que pudiera ser manifiestamente ilegal”. Además, explican, estudiarán la posibilidad de “dar cuenta a la Fiscalía por si pudiera derivarse responsabilidad penal”.
Los sindicatos recuerdan que en la actual situación “las multas corren el riesgo de ser recurridas y ganadas por los infractores”, hecho que consideran “gravísimo” por las consecuencias no sólo económicas, sino también, porque suponen una “merma de la autoridad policial, dejando en evidencia las decisiones de la Policía Local”.
“Deseamos atender a los ciudadanos pero desde un marco legal que nos ampare y la ley orgánica 2/86 define claramente las funciones de cada cuerpo de seguridad”, manifiestan, al mismo tiempo que rescatan que “en la última Junta Local quedó claro que el acuerdo anterior no estaba en vigor ni se aprobó ninguno que permita a la Policía Local, a efectos de tráfico, actuar en la zona del rural”.