La Audiencia Nacional ha decretado una nueva prórroga en el caso del naufragio del buque Villa de Pitanxo en aguas de Terranova en el que murieron 21 de los 24 tripulantes que iban a bordo. Con este sería ya el sexto aplazamiento ya desde que se abrieron diligencias en 2022. Las familias de los fallecidos y desaparecidos han acogido la noticia aguardando a que “sea la definitiva y que pronto se abra juicio oral”.
Así lo expresaba la portavoz de los afectados, María José de Pazo, tras onocer la decisión del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, en quien dicen “confiamos”, aunque le piden que “si las diligencias se cierran antes de los seis meses decrete la apertura de juicio”. Mientras tanto, indicaron, “acatamos las decisiones judiciales”.
El proceso judicial tiene como principal investigado al patrón de la embarcación, el cangués Juan Padín, al que se le atribuyen 21 delitos de homicidio imprudente. La decisión del juez responde a la falta de uno de los documentos clave: el informe técnico de la Comisión Permanente de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), organismo dependiente del Ministerio de Transportes encargado de analizar los siniestros marítimos de buques españoles.
La noticia salta solo un día después de que la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra condenara a tres aseguradoras a abonarle un total de 5.174.012 euros a la armadora del Pitanxo, la marinense Pesquerías Nores, con motivo del naufragio del buque el 15 de febrero de 2022. De esta forma, la jueza estima la demanda de la armadora y le impone a Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros el pago de 3.104.408 euros; a la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, de 1.034.802 euros; y a la Mutua de Seguros de Armadores de Buques de Pesca en España, de 1.034.802 euros.
Esta sentencia es completamente ajena a la causa que investiga la Audiencia Nacional y en la que los familiares no han estado personados.