El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil entregó el resultado de la investigación a la Sala 2 del Juzgado de Cangas, tal y como solicitó la titular en febrero
El pasado mes de febrero la titular de la Sala 2 del Juzgado de Cangas, encargada de investigar el ataque informático que paralizó el Concello en 2023 y cómo se gestionó posteriormente el hackeo, requirió al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil que continuara investigando el ciberataque para “identificar a los responsables” de este encriptado y del contrato posterior de mayor cuantía por valor de 197.843 euros a la empresa Evelb Técnicas y Sistemas S.L, empresa concesionaria del mantenimiento informático de las instalaciones municipales en ese momento. A partir de este informe la magistrada valoría si daba comienzo con ronda de declaraciones. Pues bien, el dossier de los expertos de la Guardia Civil en indagar en delitos de carácter telemático ya está en manos de la jueza desde hace aproximadamente una semana y, según fuentes judiciales, se trata de un documento amplio, con numerosas páginas, que recoge “con nombre y apellidos” a personas que tuvieron algún tipo de implicación y responsabilidad en este ataque.
Si bien se habla en plural, no ha trascendido si en ese listado se encuentran miembros o ex componentes del actual gobierno local, técnicos municipales, trabajadores informáticos, responsables de la empresa Evelb o, incluso, del entorno de esta. Lo que sí confirman las mismas fuentes es que, pese a que este informe no tiene carácter vinculante, si que será determinante para que la magistrada decida a quién llamará a declarar y en qué orden. Aunque resulta difícil concretar en qué plazo de tiempo se podrá producir este hecho dada la carga judicial diaria que asumen los juzgados cangueses, a día de hoy se estima que la jueza pueda tenerlo decidido en cuestión de unas semanas.
Cuando parecía que este caso se encontraba paralizado, este dossier de la Guardia Civil supone un nuevo avance en el camino emprendido por la justicia para esclarecer lo ocurrido. Tras haber puesto el PP (después se sumó Alternativa dos Veciños (AV)) toda la información en manos de la Fiscalía, fue el ministerio público quien presentó la denuncia en el Juzgado de Cangas en octubre de 2024 al considerar que podrían haberse cometido cuatro delitos: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, daños informáticos y coacciones. En su escrito no señaló a nadie en concreto pero sí afirmó que “los responsables del Concello eran conscientes de que el contrato adjudicado a la empresa Evelb tenía como finalidad el pago de la cantidad negociada con los autores del ataque informático” y que, por tanto, “se adjudicó a sabiendas de que era ilegal”. El escrito fue emitido tras tomar declaración a dos trabajadores del Concello.