La titular de la Sala 2 del Juzgado de Cangas, encargada de investigar el encriptado, también habría pedido a la Guardia Civil nuevos informes para adjuntar a la causa
El administrador de Evelb Técnicas y Sistemas S.L, M.M.F.S., habría sido el primero en ser llamado por la jueza de la Sala 2 del Juzgado de Cangas encargada de instruir el caso del ciberataque al Concello de Cangas en mayo de 2023 dentro de la ronda de testificales que está llevando a cabo para tratar de aclarar quienes fueron los “responsables” de este encriptado, del posterior contrato con la empresa que en aquel momento era concesionaria del mantenimiento informático municipal (Evelb), y de las facturas que vinieron más tarde hasta alcanzar un montante que ronda los 600.000 euros.
M.M.F.S. ya fue interrogado por la Fiscalía, que lo calificó en su escrito previo como “sospechoso”, por este motivo no es de extrañar que haya sido el primero en personarse en la segunda planta del edificio judicial. El ministerio fiscal también acordó llamar en el verano de 2024 como “testigos” al interventor municipal, al responsable de los sistemas informáticos del Concello y al técnico de la empresa informática autor del informe, E.C.S. Este último reconoció que lo redactó “a instancias del Ayuntamiento para justificar el cumplimiento del contrato y con la supervisión del gerente de la empresa, M. M. F. S”. Sin embargo, estos testigos todavía no han sido citados por la magistrada. Tampoco ningún miembro del gobierno local pese a que el fiscal del caso concluyó que “los responsables del Ayuntamiento eran conscientes de que el contrato adjudicado a la empresa Evelb» por valor de 197.843 euros «tenía como finalidad el pago de la cantidad negociada con los autores del ataque informático” y que, por tanto, “se adjudicó a sabiendas de que era ilegal”.
Además, según fuentes del ministerio fiscal, cuando se cumple un año desde que la jueza solicitara al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil que investigara lo ocurrido, habría vuelto a requerir a los agentes nuevos informes que permitieran ampliar la investigación.
La solicitud de la magistrada en aquel momento se consideró un paso trascendental en el caso porque permitiría poner “nombres y apellidos” a los “responsables” de este encriptado. Sin embargo, este camino se está recorriendo con extrema lentitud. Aunque la EDITE entregó un primer informe tres meses después de que la jueza le hiciese el encargo, la investigación de los agentes seguió su curso y en el Juzgado aguardan nuevos documentos para poder avanzar.
La Fiscalía considera que podría haberse incurrido en cuatro delitos recogidos en el Código Penal: prevaricación administrativa, malversación, daños informáticos y de coacciones.