El PP de Cangas exige explicaciones a la alcaldesa, Araceli Gestido, por asignar temporalmente a una trabajadora laboral fija las funciones y las diferencias retributivas de un puesto de técnico de Administración General, grupo A1, nivel 28, de naturaleza funcionarial. La decisión consta en un decreto de Alcaldía del 22 de octubre, cuando el gobierno municipal sigue sin aprobar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
«El gobierno no es capaz de sacar adelante la RPT, pero ya está anticipando por decreto funciones y retribuciones previstas en ella», señalan los populares, que piden aclarar con qué criterios, informes y cobertura legal se adoptó la medida. Recuerdan que el cuadro de personal aprobado con el presupuesto de 2024, publicado en el BOP el 16 de agosto de ese año, recoge una plaza de técnico de Administración General A1, nivel 28, funcionarial y vacante. Aparte figura una plaza de técnico superior, grupo I, nivel 26, de personal laboral fijo.
Según los populares, un decreto municipal del 4 de abril de 2024 acredita que la trabajadora fue contratada como laboral fija, técnica superior del grupo I, mediante un proceso de estabilización de empleo. «No estamos hablando de dos denominaciones distintas para el mismo puesto», explican. Añaden que la condición de laboral fijo no equivale a la de funcionario de carrera y que ciertas funciones administrativas están reservadas por ley a funcionarios, por lo que piden un informe jurídico que avale la decisión.
El PP señala que la propuesta de RPT del propio Concello contempla una jefatura del servicio de Contratación y Subvenciones, como puesto A1 nivel 28, con funciones de dirección, coordinación y organización del departamento. Son las mismas responsabilidades que recoge la resolución del 22 de octubre. «¿Por qué se anticipan mediante resoluciones individuales determinadas funciones y efectos económicos mientras el resto del personal sigue esperando la RPT?», preguntan.
Según la propuesta de RPT, la jefatura de Contratación tendría una retribución anual de 53.216,06 euros, frente a los 38.251,51 euros de referencia actual. La diferencia asciende a 14.964,55 euros brutos anuales. Los populares aclaran que esta cifra sale de la comparación de la propuesta y que hay que conocer el expediente para saber qué incremento se reconoce realmente a la trabajadora.
El PP solicitará el expediente completo, los informes de Personal y Secretaría, la justificación económica de las diferencias retributivas, la situación actual de la plaza funcionarial de referencia, la duración máxima de la asignación y los criterios aplicados.
La formación subraya que su crítica no va contra la trabajadora ni cuestiona su capacidad profesional, sino contra la forma en que el gobierno gestiona los recursos humanos.