El edil habría negado ante la jueza cualquier responsabilidad en el caso si bien esto no pudo ser ratificado por el concelleiro tras negarse a hacer declaraciones a este medio
El concelleiro de Urbanismo y Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias, acudió ayer a los juzgados de la localidad para prestar declaración en calidad de investigado por la gestión municipal del ciberataque sufrido por el Concello en mayo de 2023. El edil estaba citado a las 10.00 horas ante la titular de la Sala 2 del Tribunal de Instancia de Cangas, que instruye las diligencias abiertas para esclarecer las circunstancias que rodearon la contratación de los servicios de recuperación de los sistemas informáticos y el posterior pago del rescate. Una comparecencia que duró en torno a media hora.
Según fuentes no oficiales, Iglesias habría negado ante la magistrada cualquier responsabilidad en los hechos que se investigan. No obstante, el contenido de su declaración no ha trascendido oficialmente. A su salida de los juzgados, el propio edil confirmó a Atlántico que no realizaría declaraciones a los medios de comunicación. Tampoco su abogado quiso pronunciarse sobre el contenido del interrogatorio.
La declaración se produce después de que la jueza rechazase el recurso presentado por Iglesias contra una de las resoluciones dictadas durante la instrucción y mantuviese su citación como investigado. El edil es, hasta el momento, el primer miembro del gobierno local llamado a declarar directamente por la magistrada, después de que la investigación haya incluido ya ante la Fiscalía declaraciones de personal municipal y del administrador de la empresa Evelb Técnicas y Sistemas, que estaba al frente del mantenimiento informático del Concello cuando se produjo el ataque.
La causa se remonta al ataque de ransomware de mayo de 2023, que paralizó durante semanas distintos servicios municipales. La investigación pone el foco, entre otras cuestiones, en un contrato de 197.843,17 euros adjudicado a Evelb para la auditoría de descifrado y recuperación de los datos, así como en posteriores facturas que elevaron el coste de las actuaciones relacionadas con la recuperación de la información. La Fiscalía, en su momento, apreció indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación, además de daños informáticos y coacciones, y remitió las diligencias al juzgado para que continuase la investigación.
Uno de los elementos centrales de las diligencias es determinar quién tomó las decisiones relacionadas con aquel contrato y el posterior pago del rescate. La Guardia Civil elaboró un informe para la jueza destinado a identificar a las personas que pudieron tener algún grado de responsabilidad en el ataque y en su gestión posterior, mientras que la magistrada también ha reclamado nuevas actuaciones para avanzar en la instrucción.