El PP denuncia una gestión marcada por los reparos de Intervención, contratos caducados y decretos para autorizar pagos
El informe económico del Concello de Cangas durante el ejercicio 2025 continúa desvelando nuevos datos hasta ahora ocultos por el gobierno local. El PP de Cangas ha puesto el foco en el elevado volumen de gasto municipal tramitado pese a las advertencias formuladas por los servicios técnicos. Los populares aseguran que la Alcaldía utilizó de manera reiterada el levantamiento de reparos para poder hacer frente a facturas y pagos que contaban con informes desfavorables, alcanzando los 11.627.728,02 euros a través de 184 expedientes.
Según la interpretación realizada por el PP de la Conta Xeral de 025, la cifra supone que alrededor de seis de cada diez euros gastados por el Concello en 2025 estuvieron afectados por informes desfavorables de legalidad. La formación considera que estos datos cuestionan el discurso del tripartito sobre el resultado económico del ejercicio y sostiene que el superávit no sería consecuencia exclusivamente de una política de ahorro o de una gestión eficiente, sino que debe analizarse en paralelo a la situación de numerosos contratos y servicios municipales.
El área de Personal concentra la mayor parte del gasto tramitado bajo reparo, con más de 7,3 millones de euros, según los populares. El PP relaciona esta situación con la ausencia de una Relación de Postos de Traballo (RPT). A este capítulo se suman las compras y servicios ordinarios, que acumularon casi 3,9 millones de euros con informes contrarios. Los populares señalan entre las causas la existencia de contratos caducados, obras ejecutadas sin los correspondientes proyectos técnicos y prórrogas que consideran contrarias a la normativa.
Uno de los ejemplos que el PP utiliza para ilustrar el impacto económico de esta situación es el suministro eléctrico municipal. Tal y como avanzó Atlántico, durante 2025 el Concello habría mantenido el consumo energético en una situación de precario y sin una licitación ordinaria en vigor, lo que habría generado una penalización económica aproximada del 20% en las facturas de la luz, lo que supone un sobrecoste que superaría los 91.400 euros.
Casi 1,8 millones en expedientes tramitados fuera de control
Uno de los apartados que los populares consideran más preocupantes son los 34 expedientes de omisión de control que, según los datos que manejan, alcanzaron un importe conjunto de 1.791.975,55 euros. Se trata de servicios que se habrían prestado sin que existiese previamente un contrato formalizado mediante el correspondiente procedimiento de contratación pública.
Entre los servicios señalados figuran algunos considerados esenciales para el funcionamiento municipal, como el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), la grúa municipal, el tratamiento de residuos o el mantenimiento de ascensores. El PP denuncia que estas prestaciones continuaron funcionando mediante acuerdos verbales o situaciones de hecho pese a que este tipo de fórmulas están expresamente limitadas por la legislación de contratación pública.
La formación asegura además que los propios técnicos municipales llegaron a proponer la revisión de oficio por posible nulidad radical en 15 de estos expedientes. Según el relato de los populares, en lugar de abordar la situación mediante la regularización y licitación de los servicios, la Alcaldía optó en distintos casos por firmar decretos en plazos de 24 o 48 horas para levantar las objeciones y permitir el abono de las facturas pendientes.
Para el PP, estos expedientes constituyen una muestra de la dependencia del Concello de soluciones excepcionales para mantener servicios que deberían estar respaldados por contratos en vigor. La formación reclama que se avance en la planificación de las licitaciones para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse.