El pleno rechazó con los 10 votos en contra del gobierno local la moción presentada por la plataforma vecinal
El pleno del Concello de Moaña rechazó este miércoles la moción presentada por una plataforma vecinal para proteger el sendero fluvial de Rialdarca del proyecto de una residencia privada para la tercera edad. El gobierno local defendió que la modificación urbanística que piden los vecinos no se puede hacer porque, tal y como está planteada, sería ilegal. La moción cayó finalmente con 10 votos en contra del BNG y 5 abstenciones del PP.
Ana Pastoriza tomó la palabra en nombre de la plataforma vecinal, respaldada por asociaciones como Praia Seara, Tirán, un colectivo cultural de Rialdarca y varios grupos ecologistas y profesionales del medio ambiente. Explicó que en solo un mes habían recogido centenares de firmas para pedir que el Concello cambie la calificación de esos terrenos: que dejen de ser suelo rústico protegido para uso agrícola y pasen a ser zona verde, blindando así el espacio frente a la construcción.
Según Pastoriza, ese cambio es urgente porque el estudio ambiental que presentó el promotor en noviembre de 2024 tiene «errores y omisiones graves». Recordó que la zona afectada es un corredor ecológico con dos hábitats protegidos donde viven decenas de especies de flora y cientos de especies animales, algunas en peligro de extinción.
La respuesta del gobierno municipal por parte de la portavoz del BNG, María Ortega, giró en torno a una idea central: lo que pide la plataforma no se puede hacer sin saltarse la ley. Ortega explicó que ese terreno ya tiene un nivel de protección alto por normativa autonómica desde 2011 y 2016, y que cualquier construcción necesita el visto bueno de la Xunta. Si el promotor no cumple los requisitos, el proyecto no saldrá adelante; pero mientras cumpla la normativa, el Concello está obligado a tramitar su expediente, le guste o no al gobierno local.
El argumento más duro llegó al hablar de la modificación puntual del plan urbanístico que reclaman los vecinos. Ortega sostuvo que cambiar la calificación de una sola parcela, justo en la que se pretende desarrollar un proyecto privado ya en marcha, y no la del resto del corredor ecológico o de otros ríos del municipio, no respondería a un criterio ambiental real, sino a la intención de frenar ese proyecto en «concreto». Según explicó, eso es lo que en derecho administrativo se llama «desviación de poder»: usar una herramienta legal para un fin distinto al que le corresponde, algo que, según el asesor jurídico del propio Concello, convertiría la modificación en un acto «ilegal».
El Partido Popular se abstiene
Íria Charlín, en representación del PP, anunció la abstención de su grupo. Dijo entender la preocupación vecinal, pero atribuyó el conflicto a la falta de transparencia y de diálogo del gobierno municipal a la hora de gestionar el proyecto. Reconoció que le falta información y se comprometió a estudiar con calma el informe jurídico de la plataforma. Recordó también que el gobierno local, al tener mayoría absoluta, tiene margen para revisar el plan urbanístico si quisiera, y pidió que asuma su responsabilidad y dé explicaciones por cómo se ha llevado este asunto.
En su turno final, Ana Pastoriza insistió en que los vecinos están dispuestos a aportar toda la información que haga falta, tras «dos meses intensos y muy duros». Rechazó los argumentos de María Ortega y avisó de que la plataforma seguirá reclamando la protección del espacio pese al resultado de la votación de hoy.